UGT considera que la tercera reforma del sistema financiero, por parte de este Gobierno, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, al dictado de la UE, tendrá consecuencias negativas para el ciudadano. En este sentido, considera que la creación del banco malo no será inocua, tal y como se ha visto en otros países. El sindicato exige la máxima transparencia por parte del Banco de España, cuyo papel se vera ahora reforzado, igual que el del FROB, y pide explicaciones sobre qué pasará con los clientes de las entidades financieras inviables y con los trabajadores de dichas entidades. Asimismo, recuerda que mientras se inyectan recursos en la banca, se echan en falta medidas de calado social dentro del propio ámbito financiero como las que deberían ir destinadas a los perjudicados por las hipotecas, o como las que precisan las personas afectas por la comercialización de las participaciones preferentes. UGT seguirá solicitando además la apertura de una Comisión de Investigación Parlamentaria para que comparezcan los responsables de la situación actual del sistema financiero y la creación de una banca pública potente y eficaz, que tenga capacidad para restituir el crédito para familias y empresas.
El Gobierno acaba de aprobar en el Consejo de Ministros de hoy viernes 31 de agosto una nueva reforma del sistema financiero entre cuyas principales novedades destaca la creación de una sociedad gestora de activos tóxicos, lo que comúnmente se conoce como “banco malo”, la ampliación de poderes del Banco de España, que podrá intervenir de urgencia aquellas entidades que presenten “elementos objetivos” que supongan que puedan llegar a presentar riesgos de insolvencia, y la potestad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de liquidar las entidades financieras que considere inviables.
La reforma, que verá la luz bajo la forma de Real Decreto-ley, supone una nueva constatación de las numerosas concesiones que el Gobierno de nuestro país está dispuesta a realizar ante las instituciones de la Unión en Bruselas, y que fueron recogidas, en lo que respecta al sistema financiero, en el Memorando de Entendimiento (MoU) que ambas partes firmaron el pasado mes de julio a cambio del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros que irían destinados a la recapitalización de las entidades españolas que lo requieran.
En primer lugar, el Real Decreto contempla la creación de un “banco malo”, fórmula ya probada en varios países europeos con más que dudosos resultados, y que se encargará de aglutinar los llamados “activos tóxicos” provenientes de la burbuja inmobiliaria de aquellas entidades que hayan necesitado hasta la fecha o precisen en un futuro de ayudas públicas. De este modo, los activos problemáticos que figuran a día de hoy en las carteras de las entidades que necesitan o han necesitado ayuda pública, deberán ser transferidos a la sociedad de activos inmobiliarios, que deberá estar totalmente operativa antes de que acabe el año.
A expensas de conocer los detalles de la nueva normativa, UGT manifiesta que:
Nos preocupa la falta de criterio con la que parece haber actuado el Gobierno, que pese a que ha llevado a cabo dos reformas financieras en el breve tiempo transcurrido de la legislatura (es decir, en menos de nueve meses), no parece tener claro el camino a seguir para dar forma a la nueva configuración del sistema financiero en España. Es sorprendente que se diseñe una reforma financiera sin tener delimitadas las necesidades de recapitalización de la banca, antes incluso de conocer los informes definitivos y detallados de las auditoras que se están realizando para tal fin, y se solicite ayuda a Europa antes siquiera de negociar las condiciones de la misma, dando a entender que se acatará sin oposición o negociación los mandatos o contrapartidas que se establezcan al respecto.
Muchos de los criterios que afectan a elementos básicos de la reforma siguen sin definirse, tales como qué activos finalmente deben ser traspasados (sólo los inmuebles adjudicados o créditos de difícil cobro vinculados al sector inmobiliarios o, tal y como han pretendido desde las instituciones de la Unión Europea desde un principio, se abra el abanico y se incluyan otros créditos con claros signos de deterioro), o cual será la valoración de los activos (que influirá significativamente en los balances y cuenta de resultados de las entidades bancarias y de la sociedad gestora, y que determinará las necesidades de recapitalización de la banca) o cómo estará financiado el banco malo (directamente a través del Estado, en cuyo caso las pérdidas afectarán irremisiblemente al déficit público, o se permitirá la entrada de capital privado y en qué condiciones).
La creación del banco malo no será inocua para los españoles, sino que, tal y como se ha visto en otros países, los contribuyentes deberán de soportar una nueva carga para ayudar a la banca, sin que a cambio el sistema financiero frene la caída del crédito que tanto está perjudicando a la actividad económica. Tanto si se opta por valorar los activos a valor de mercado, que implicaría que las entidades financieras soportarían íntegramente el ajuste (lo que les llevaría a una necesidad inmediata de recapitalización), como si se opta por valorar los activos tóxicos por encima del valor de mercado, que supondría una subvención a la banca y que el Estado (a través de la sociedad gestora) tuviera mayores dificultades para recuperar las ayudas prestadas, las consecuencias van a ser negativas para la sociedad española.
Además de la creación del “banco malo”, el Real Decreto-ley también contempla otras medidas de gran calado:
Faculta al Banco de España a que intervenga de urgencia en aquellas entidades que, pese a cumplir los requisitos de solvencia o liquidez, presenten “elementos objetivos” que indiquen que no podrán seguir cumpliéndolos en el futuro. Es decir, se amplían significativamente los poderes de la institución que nos ha venido afirmando desde el comienzo de la crisis que nuestro sistema financiero era un modelo para el resto del mundo, cuando en realidad muchas de nuestras entidades financieras presentaban importantes problemas de solvencia que han puesto en serio peligro al conjunto del sistema financiero español y por extensión a la economía real. Ante este hecho, no cabe más que demandar la máxima transparencia en toda actuación que lleve a cabo el Banco de España y la exigencia de que explique periódicamente el cómo y el porqué de los pasos que vaya dando.
Se refuerza el papel del FROB que será el organismo encargado de la reestructuración y resolución ordenada de las entidades bancarias. Implica que se le otorgan amplios poderes para liquidar aquellas entidades que resulten inviables. De presentarse esta situación, el FROB determinará el valor económico de la entidad a liquidar y traspasará los activos y pasivos a un “banco puente” que será vendido. De nuevo, parece que los intereses de los ciudadanos quedan en un según plano con respecto a los intereses de la banca, ya que no se aclara que pasará con los clientes que tienen relaciones e intereses con la entidad correspondiente (ya sean como deudores o como acreedores). La única referencia contemplada en el Real Decreto-ley al respecto es que los accionistas y acreedores (incluidos las personas afectadas con la problemática de las participaciones preferentes) serán los primeros en soportar las pérdidas.
Tampoco se recoge en el texto qué pasará con los trabajadores de dichas entidades, cuyos derechos se podrán ver afectados en el proceso de liquidación. De nuevo será necesario defender, en primer término, los derechos de los clientes con posiciones en las entidades, para que no carguen con la mala gestión de las entidades, y a los trabajadores de estas entidades, en segundo lugar, y en un contexto de máxima transparencia en todo el proceso, con comparecencias periódicas de los responsables que expliquen minuciosamente las medidas llevadas a cabo.
UGT pone de manifiesto lo sorprendentemente fácil que le resulta a la banca recibir ayudas, a la que parece se le ha dado un cheque en blanco (desde el comienzo de la crisis las ayudas del sector público al sistema bancario, bajo distintas formulas, han superado los 170.000 millones de euros), sin que tenga que hacer la más mínima concesión a la economía productiva a través de los créditos a familias y empresas. Y, por el contrario, lo difícil que es conseguir que los ciudadanos no vean retroceder sus derechos y libertades, y que no se desmorone el Estado de Bienestar que tantos años ha costado crear.
Mientras se inyectan recursos en la banca, se echan en falta medidas de calado social dentro del propio ámbito financiero como las que deberían ir destinadas a los perjudicados por las hipotecas (medidas que en cambio sí que han sido tomadas en algunos países europeos) o las que se deberían haber acordado para ayudar a los ahorradores que se han visto afectados por la comercialización de las participaciones preferentes. En este sentido, UGT participa e impulsa la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone un cambio en la legislación hipotecaria con el fin de regular la dación de pago, la paralización de los desahucios (que según el Consejo General del Poder Judicial ascendieron a más de 350.000 sólo entre los años 2007 y 2011) y el alquiler social (esencial en un país con más de 5 millones de viviendas vacías).
UGT considera que se deben anteponer los derechos de todos aquellos ahorradores que se han visto afectados por la comercialización de participaciones preferentes a los de las entidades bancarias. A este respecto, nos gustaría destacar las acciones que en el ámbito judicial se están desarrollando, y en particular por parte de la Fiscalía, acerca de las malas prácticas de las entidades financieras al comercializar estos productos entre los pequeños ahorradores (asunto de Novagalicia Banco, por la comercialización de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas perpetuas).
Para el sindicato es necesaria la adopción de otro tipo de medidas como son la apertura de una Comisión de Investigación Parlamentaria específica en la que comparezcan los responsables de la situación actual del sistema financiero, que se encargue de esclarecer lo sucedido, y se acuerden las actuaciones reparadoras y sancionadoras, incluso penales, que se deriven de la investigación.
UGT promueve, ante la incapacidad del sector bancario de cumplir con su papel de intermediador entre los agentes que participan en la economía productiva, la creación de una banca pública potente y eficaz que tenga capacidad para restituir el crédito necesario para que familias y empresas puedan llevar a cabo sus proyectos de inversión y consumo. El Gobierno debería aprovechar los procesos de intervención pública que ha llevado a cabo en algunas entidades financieras y la estructura y configuración del Instituto de Crédito Oficial para diseñar esa entidad financiera pública.
Parece, en definitiva, que la prioridad del Gobierno es salvar a uno de los principales causantes de crisis, la banca, mientras se deja de lado al resto del país, a los ciudadanos: salvando a los responsables y olvidando a los ciudadanos perjudicados.