El Gobierno desbordado por la contestación social

Artículo de Opinión de Antón Saracíbar
 

La situación política, económica y social ha estado marcada por tres grandes hechos en los últimos días: la fuerte contestación social a la política económica del Gobierno; la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, en teoría, concreta la propuesta económica del Gobierno para el año 2013; y la convocatoria de elecciones en Cataluña para el día 25 de noviembre. Estos hechos se producen bajo un Gobierno que dispone de mayoría absoluta en el Parlamento y que, sin embargo, no genera credibilidad y confianza y mucho menos suscita entusiasmo ni evita el desprestigio de la clase política.

Tampoco se muestra eficaz en la resolución de los problemas derivados de la crisis económica, lo que está generando un creciente malestar social asociado a una política de recortes que sigue haciendo estragos en el empleo, en los servicios públicos y en el bolsillo de los ciudadanos y que, como consecuencia, dispara la pobreza y las desigualdades. La conclusión de todo ello es que nos encontramos ante un Gobierno débil y sin horizonte, que lucha denodadamente por mejorar su imagen y su credibilidad acuciado por la urgencia de las elecciones que se van a celebrar en Galicia, País Vasco y Cataluña y que, para conseguirlo, no duda en trasladar a la opinión pública mensajes ambiguos, cuando no falsos o contradictorios.

La última movilización social (25-S) convocada en torno al Congreso -sin el apoyo de los sindicatos- ha terminado con una brutal, abusiva y desproporcionada carga policial, acompañada de un serio intento del Gobierno de provocar y manipular (comparando la movilización con “el asalto al Congreso del 23-F”) una convocatoria de manifestación heterogénea (para muchos populista, desafortunada e inoportuna), celebrada diez días después de la gran concentración exitosa en la Plaza Colón de Madrid a la que acudieron cientos de miles de personas convocados por la Cumbre Sindical; en el mejor de los casos, al Gobierno se le fue lamentablemente de las manos el control de la manifestación (las imágenes de TV son elocuentes, particularmente las referidas a la Estación de Atocha) y la gestión de la delegada del Gobierno, una vez más, ha quedado claramente en entredicho y nos remonta a tiempos pasados.
 

En coherencia con lo ocurrido, no resulta extraño que los titulares de prensa (sobre todo los voceros de la derecha) recogieran el enfrentamiento de la policía contra los manifestantes. Pocos medios hicieron hincapié en las razones de la convocatoria y mucho menos mencionaron lo que los manifestantes pretendían denunciar, una vez más: la política económica y social del Gobierno basada en la austeridad, el ajuste y los recortes para reducir el déficit y la deuda pública. Los medios de comunicación tampoco recogieron la denuncia de los manifestantes, en el sentido de que una política de esta naturaleza reduce el crecimiento de la economía (-1,7% del PIB en este año) y por lo tanto aumenta el desempleo, la precariedad y la pobreza; todo ello se produce sin que esta política corrija el déficit fiscal (la previsión para este año es del -7.4%), lastrado por las ayudas a la Banca y por la renuncia a incidir en el capítulo de los ingresos a través de una reforma fiscal en profundidad, que eleve los ingresos de manera suficiente y reparta de una manera más justa y equitativa el costo de la crisis.

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no ha reportado ninguna sorpresa y representa la continuidad de una política antisocial encaminada a reducir el déficit público como único y exclusivo objetivo; por lo tanto, al margen del empleo, que sufrirá un nuevo golpe con estos Presupuestos para el próximo año 2013 y se situará por encima de los seis millones de parados, si no se modifican los grandes números. Efectivamente, los PGE recortan la inversión pública; los servicios públicos esenciales; se congelan las retribuciones de los funcionarios (la pérdida del poder adquisitivo alcanza un 10% de media con carácter general en los dos últimos años); se destruye empleo público al ser la tasa de reposición del 0%; se recorta incluso la financiación de las políticas activas de empleo (-34,6%); y, lo que es más grave, la prestación por desempleo (-6,3%).

 

Desde luego, estos PGE no contemplan medidas de estímulo y los ingresos resultan voluntaristas e insuficientes y, por lo tanto, provocarán más recesión y más paro sin que ello solucione los problemas del déficit y de la deuda pública y mucho menos los derivados del desmantelamiento del Estado de Bienestar Social, la transferencia de rentas del trabajo al capital y la caída del consumo interno. Debemos recordar, según denuncia UGT, que el Gobierno del PP ya recortó 27.300 millones de euros en los PGE de 2012 (2,5% del PIB), a los que posteriormente se añadieron 8.900 millones de euros -además del aumento de impuestos-, sin cumplir con la corrección del déficit. Todo ello se produce con el agravante de que todo el costo de la crisis lo sufren los trabajadores. Los datos disponibles ponen de manifiesto que las remuneraciones de los asalariados descienden fuertemente (3,9% en cómputo anual), mientras que los excedentes empresariales crecen un 3,4%. Por eso, desde la izquierda y los sindicatos, se reivindica un cambio en la política económica basada en el crecimiento de la economía y en el empleo estable y de calidad compatible con la reducción del déficit a largo plazo. Según la memoria de la Agencia Tributaria (año 2011), los ingresos que gestiona provienen en un 43% del IRPF y sólo el 11,6% del impuesto de sociedades (IS) a pesar de que el IS grava con el 30% a las grandes empresas y con el 25% a las PYMES. Como se puede observar, en la práctica, las deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales -a las que pueden acogerse las empresas en la actualidad-, sitúan el tipo efectivo muy por debajo de los tipos que gravan las rentas del trabajo, sin que ello esté acompañado de un análisis y seguimiento de la eficacia de dichas desgravaciones, a todas luces excesivas.
 

A la reforma fiscal pendiente hay que añadir la reforma energética y la culminación de la reforma financiera (sin ningún protagonismo en el debate mediático, ciudadano y parlamentario, lo que nos hace temer lo peor: los ciudadanos terminarán, una vez más, por pagar una buena parte de las ayudas a los Bancos que siguen en manos privadas), que facilite el crédito a familias y empresas -hoy caro e inexistente- y nos adentre en un cambio de modelo productivo con un fuerte componente industrial y de investigación, diseño e innovación que daría valor añadido a nuestros productos y manufacturas y haría más competitiva a nuestra economía.
 

Mientras esto ocurre, el presidente de la Generalitat de Cataluña ha adelantado las elecciones (nada menos que dos años) a pesar de no tener dificultades conocidas para acabar la legislatura, al margen de las derivadas de la crisis económica.
 

La manifestación de la “Diada”, el 11 de septiembre, bajo el lema de la “Independencia” y la negativa de Rajoy a negociar el “Pacto Fiscal” (Concierto Económico para Cataluña) han sido el detonante de una decisión -cuando menos precipitada- que más parece una fuga hacia delante que una propuesta pensada y razonada suficientemente en medio de una profunda crisis económica. Mas ha solicitado al Gobierno (rescate) 5.023 millones de euros, a pesar de haber gobernado de acuerdo con los recortes impuestos por la UE y por el Gobierno Rajoy: rebajas de salarios a los funcionarios y recortes en sanidad (copago), educación (reducción drástica de las plantillas) y servicios sociales, cuyo gasto por habitante ha retrocedido a niveles del año 2006. A estos hechos hay que añadir que la tasa de desempleo en Cataluña ha aumentado del 17,98% al 21,95% (de 686.800 desempleados a 821.600) y que la deuda pública (degradada a bono basura por las agencias de calificación) ha crecido de 34.697 a 43.954 millones de euros, lo que trae consigo un aumento de los intereses de la deuda que han pasado de 1.439 a 2.444 millones de euros en sólo dos años.
 

Estas cifras pueden explicar el porqué hemos llegado a esta situación y porqué se han convocado las elecciones que, todo indica, pretenden desviar la atención de la ciudadanía hacia un debate identitario y victimista (“España nos roba”). A pesar de ello, no es menos cierto que en Cataluña existe una opinión bastante generalizada en que hay territorios (CCAA) con ventajas económicas y que, además, Cataluña paga más de lo que le corresponde (“expolio fiscal: el Gobierno no paga sus deudas con Cataluña”), haciendo abstracción de que los que pagan son personas físicas y jurídicas y no los territorios. En este sentido, y en términos dialécticos, ponen como ejemplo al País Vasco como método a seguir, olvidando que Cataluña no quiso en la Transición el Concierto Económico, como manifestó el consejero de la Generalitat, Ramón Trías Fargas, al ministro de hacienda de UCD Jaime García Añoveros: “Nada de nada”. “No estamos dispuestos a ser cobradores de impuestos en el momento justo en que empezamos a gobernar”. De la misma manera olvidan que el Concierto es un privilegio que se llevaría a cabo a costa de los demás y que como tal requiere un acuerdo -del Gobierno y de todas las CCAA-, presidido por el principio de la redistribución solidaria de la renta y por lo tanto en contra de “la rebelión de las CCAA más ricas”.
 

Los partidos políticos no pueden desconocer estos hechos y, por lo tanto, deben abordar este asunto sin prisas pero sin pausas respetando la Constitución y la democracia y sin olvidar la urgencia que representa para todos salir de la crisis. El objetivo que se pretende conseguir es que Cataluña se encuentre cómoda en el Estado. Dicho esto, lo que no resulta tolerable es que Mas pretenda convertir las elecciones del 25-N en un plebiscito nacional por la independencia, al margen de las políticas de recortes para salir de la crisis que, por cierto, están afectando a todas las CCAA (sobre todo a las hipotecadas por el ladrillo). Por el contrario, estas elecciones deberían abrir un gran debate social y de clase (izquierda- derecha) sobre la eficacia de las medidas contra la crisis. No podemos desconocer que la respuesta a la crisis en Cataluña se ha llevado a cabo con el apoyo del PP y que ha tenido como base las políticas neoliberales (esto es una realidad indiscutible), con el agravante de que hay otras alternativas posibles.

Al margen de todo ello, no debemos tampoco olvidar el papel poco edificante de la izquierda en Cataluña (PSC) y su política ambigua y dubitativa que ha terminado por dejar al PP como el único partido que defiende nítidamente la Constitución. La apuesta del PSC por el Estado Federal debe concretarse mucho más en el tiempo (los ciudadanos no saben lo que realmente se pretende) y, de acuerdo con el PSOE, debe clarificar mucho más su posición en relación con el derecho de autodeterminación.
 

Ahora, sobre todo, toca responder a la crisis y resolver los problemas que preocupan a los ciudadanos en Cataluña y en el conjunto del Estado: el desempleo, la desigualdad y la pobreza. El riesgo de no hacerlo es grande: triunfo probable e, incluso, por mayoría absoluta de CIU y avance de la derecha (PP) a costa de un PSC a la deriva y con profundas contradicciones internas.
 

En todo caso, la proximidad de las elecciones en tres comunidades autónomas (ya estamos de hecho en campaña electoral) va a representar un compás de espera en la aplicación de las medidas más duras previstas por Rajoy. El ejemplo más significativo se refiere a las pensiones: todavía no sabemos si habrá revalorización de las pensiones ante el disparo de la inflación (muy afectada por el aumento del IVA) y tampoco si esa revalorización impactará en la nómina de 2012 para que a esa nueva nómina consolidada se le incremente el 1% previsto para el año 2013. Los ciudadanos deben tomar nota de todo esto y, los llamados a las urnas, obrar en consecuencia.
 

Fuente: Fundación Sistema