La central más antigua de España y gemela de Fukushima fue prorrogada por Rajoy hasta 2019
La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) comenzó a funcionar en 1971, es la más antigua de España, su tecnología es idéntica a la de Fukushima y hace años que está amortizada, por lo que su gestión sólo reportaba beneficios. En 2010 el Gobierno de Zapatero decretó su cierre el 1 de enero de 2013, lo que le valió una durísima campaña en contra de las eléctricas y también críticas de los ecologistas que querían su cierre inmediato. El Partido Popular, siempre pro-nuclear, hizo bandera electoral de Garoña y prometió que, si ganaba las elecciones, no cerraría la central porque había miles de puestos de trabajo en juego. Nada más llegar al Gobierno, Rajoy aprobó la prórroga de la central hasta 2019, sin embargo la empresa propietaria de Garoña, Nuclenor (constituida por Endesa e Iberdrola), iniciaron en la noche del pasado domingo el proceso de apagado de la central porque consideran que con los nuevos impuestos del Gobierno más las inversiones a las que obliga Europa tras el accidente de Fukushima, la hacen inviable.
Autobuses del PP
El Partido Popular tampoco cumplirá su promesa de mantener abierta Garoña, y esto ha provocado un enfado monumental del Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), porque él y su partido quedan en entredicho, especialmente en la provincia de Burgos.
El PP llegó a poner publicidad en los autobuses urbanos defendiendo a Garoña. Todos sus políticos acusaron a Zapatero de preferir mandar trabajadores a la calle en plena crisis a mantener abierta una central nuclear por cuestiones “ideológicas”. Ahora tienen muy difícil explicar a los ciudadanos por qué cierra Garoña. No está previsto que el PP de Castilla y León vuelva a contratar autobuses para defender Garoña ni convoque movilizaciones contra el cierre de la central.
Enfrentamiento con las eléctricas
El Gobierno del PP mantiene un enfrentamiento brutal con el sector eléctrico. Agobiado por la deuda que se acumula en el déficit de tarifa -y que después de un año no sabe como atajar- y acuciado por la necesidad de reducir el déficit público que le ha llevado a subir todos los impuestos a todo el mundo, el ministerio de Industria se ha enemistado con todo el sector. Y no deja de ser sorprendente, porque los directivos de las eléctricas no son precisamente sospechosos de ser de izquierdas.
Los nuevos impuestos que gravarán la producción y distribución de todo tipo de energía no solo se reflejarán en los recibos de la luz, que ya ha subido un 7% este año y previsiblemente volverá a subir otro 7% el próximo mes de enero. En ese mes, enero de 2013, entrará en vigor un nuevo impuesto a las nucleares por el que se pagarán 2.190 euros por cada kilo de uranio quemado en el reactor. Eso costaría a los propietarios de Garoña 153 millones de euros al año, a los que habría que sumar otros 120 por las obras de reforzamiento de seguridad tras el accidente de Fukushima. Nuclenor explica que al tratarse de una central pequeña, de solo 466 megavatios, que tendría garantizado el funcionamiento sólo hasta 2019, la hacen inviable.
Fuente: Elplural.com
UGT apuesta por la continuidad de Garoña
Fuente: Elplural.com
UGT apuesta por la continuidad de Garoña
Hasta que no esté concluido el nuevo modelo energético, nuestro País no debe prescindir de ninguna fuente o tecnología existentes
Desde la FITAG-UGT, queremos mostrar nuestro respaldo a todos los trabajadores afectados directa e indirectamente en todo este proceso y demandar a todos aquellos que tienen responsabilidades, que sumen esfuerzos en contribuir a la continuidad de la Central.
En estos últimos días, son muchos los acontecimientos, las publicaciones en prensa y las manifestaciones desde el ámbito de la C.N. de Garoña.
La central y sus trabajadores se encuentran preparados y listos para seguir explotando la Central de una manera segura y responsable, tal y como han reconocido desde el propio CSN y desde el propio Ministerio.
La discusión del Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, no sólo conseguirá sangrar a este Sector que vive inmerso en continuos procesos de inversión, sino que terminará afectando a aquellos profesionales que han seguido trabajando con rigor, para que la continuidad de la Central sea viable, fiable y rentable.
Desde FITAG-UGT reiteramos la necesidad y urgencia que tiene nuestro País de consensuar un nuevo modelo energético de futuro, configurado por un conjunto de estructuras legales y técnicas que garanticen el abastecimiento, la solvencia técnica y financiera de éste y la máxima independencia energética y tecnológica, mediante el aprovechamiento de los recursos propios y el desarrollo de tecnologías que generen empleo y fomenten el arraigo territorial y social. Y hasta tanto no esté concluido el nuevo modelo energético, nuestro País no debe prescindir de ninguna fuente de energía o tecnología existentes.
La Federación Estatal de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT expresa su apoyo y reconocimiento a todos los trabajadores.
Las eléctricas juegan a cerrar nucleares
El domingo a las 11 de la noche, Nuclenor, sociedad controlada por Endesa e Iberdrola y propietaria de la central nuclear de Garoña, apagó el interruptor de la planta burgalesa con la intención de sacar del reactor las barras de combustible (aún sin gastar) e introducirlas en su piscina antes del 31 de diciembre. Se trata de una parada no programada que ambas eléctricas han acordado para no pagar el nuevo tributo sobre residuos radiactivos que entrará en vigor el 1 de enero. Y, claramente, como una medida de presión contra este impuesto y el que gravará con un 7% los ingresos a la generación, que establece el proyecto de ley de medidas fiscales al sector energético, aún en el Congreso.
El nuevo impuesto nuclear gravará el material irradiado durante todo el tiempo que haya permanecido en el reactor y se pagará después de su extracción. Inicialmente, el proyecto de ley establecía (o así lo interpretaron las empresas) que el periodo impositivo comenzaría el 1 de enero, al margen del tiempo que llevase previamente el combustible en el reactor (las recargas de las barras de uranio se suelen hacer cada 18 meses o más). Pero una enmienda del Grupo Popular en el Senado ha dejado claro que hay que pagar los 2.190 euros por kilo de metal pesado (uranio y plutonio) que establece la norma, desde que las barras de combustible se introdujeron en los reactores.
Nuclenor ha justificado la parada de Garoña en que la incertidumbre que pesa sobre esta central, que podría ser clausurada en julio si sus propietarias no solicitan la prórroga que les ha ofrecido el Gobierno de Mariano Rajoy, no compensa el pago de este impuesto para seguir funcionando unos meses. En todo caso, tanto si se despeja su futuro (esto es, si el Gobierno admite las peticiones de las eléctricas para que se retiren o suavicen las citadas medidas fiscales), como si no, Garoña podría recargar su reactor con las mismas barras a partir de enero y pagaría el nuevo impuesto desde el día en que se hiciese la nueva recarga. De ahí la confusión generada este fin de semana con el paradójico anuncio de Nuclenor, según el cual, se trataba de "un cese definitivo" y, a la par, "reversible".
Este "juego" de sacar y meter el combustible radiactivo está siendo criticado en el propio sector por considerarlo, "en cierto modo un fraude y un peligro para la seguridad". Por otro lado, nada impide que el resto de las centrales nucleares haga lo mismo. La de Almaraz sería una excepción pues, casualmente, se encuentra en plena recarga programada, por lo que, "de una manera legal", se librará de la retroactividad del impuesto.
Endesa e Iberdrola están aprovechando la posición pronuclear del Gobierno de Rajoy (el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, les ha rogado que mantengan Garoña en funcionamiento más allá de 2013) para forzar sus reivindicaciones. Y utilizan como cebo a la vieja central burgalesa argumentando razones económicas que bien pueden hacerse extensivas al resto del parque español.
Tanto esta central (cuya clausura en julio de 2013 fue decretada hace tres años por el Gobierno de Rodríguez Zapatero), como el resto de instalaciones atómicas, están obligadas a realizar las nuevas inversiones impuestas por Bruselas tras el resultado de los test de estrés realizados por los organismos de seguridad nuclear de los países de la UE tras el accidente de Fukushima. Y, aunque la de Garoña ha de afrontar además las inversiones que le ha exigido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que pueda seguir funcionando hasta 2019, también el resto de centrales se someten periódicamente al escrutinio y la inspección del CSN para renovar sus licencias.
Estas exigencias, unidas a los nuevos impuestos en marcha, son ciertamente una rémora para el parque nuclear, pero no solo para Garoña. Sería un problema exclusivo de esta planta si sobre ella pesara aún el decreto de cierre aprobado por el Gobierno socialista, pero la central de Nuclenor tiene la puerta abierta (se la abrió el Ejecutivo de Rajoy hace ahora un año) para seguir activa hasta 2019. También al resto se les termina su vida útil a partir de los primeros años 20. Y, al fin y al cabo, Garoña es la más amortizada de todas por ser la más antigua. Amortizada contablemente, se entiende, porque la inversión en todas y cada una de ellas fue recuperada por las eléctricas hace muchos, muchos años.
Fuente: Cinco Días
Desde la FITAG-UGT, queremos mostrar nuestro respaldo a todos los trabajadores afectados directa e indirectamente en todo este proceso y demandar a todos aquellos que tienen responsabilidades, que sumen esfuerzos en contribuir a la continuidad de la Central.
En estos últimos días, son muchos los acontecimientos, las publicaciones en prensa y las manifestaciones desde el ámbito de la C.N. de Garoña.
La central y sus trabajadores se encuentran preparados y listos para seguir explotando la Central de una manera segura y responsable, tal y como han reconocido desde el propio CSN y desde el propio Ministerio.
La discusión del Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, no sólo conseguirá sangrar a este Sector que vive inmerso en continuos procesos de inversión, sino que terminará afectando a aquellos profesionales que han seguido trabajando con rigor, para que la continuidad de la Central sea viable, fiable y rentable.
Desde FITAG-UGT reiteramos la necesidad y urgencia que tiene nuestro País de consensuar un nuevo modelo energético de futuro, configurado por un conjunto de estructuras legales y técnicas que garanticen el abastecimiento, la solvencia técnica y financiera de éste y la máxima independencia energética y tecnológica, mediante el aprovechamiento de los recursos propios y el desarrollo de tecnologías que generen empleo y fomenten el arraigo territorial y social. Y hasta tanto no esté concluido el nuevo modelo energético, nuestro País no debe prescindir de ninguna fuente de energía o tecnología existentes.
La Federación Estatal de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT expresa su apoyo y reconocimiento a todos los trabajadores.
Las eléctricas juegan a cerrar nucleares
El domingo a las 11 de la noche, Nuclenor, sociedad controlada por Endesa e Iberdrola y propietaria de la central nuclear de Garoña, apagó el interruptor de la planta burgalesa con la intención de sacar del reactor las barras de combustible (aún sin gastar) e introducirlas en su piscina antes del 31 de diciembre. Se trata de una parada no programada que ambas eléctricas han acordado para no pagar el nuevo tributo sobre residuos radiactivos que entrará en vigor el 1 de enero. Y, claramente, como una medida de presión contra este impuesto y el que gravará con un 7% los ingresos a la generación, que establece el proyecto de ley de medidas fiscales al sector energético, aún en el Congreso.
El nuevo impuesto nuclear gravará el material irradiado durante todo el tiempo que haya permanecido en el reactor y se pagará después de su extracción. Inicialmente, el proyecto de ley establecía (o así lo interpretaron las empresas) que el periodo impositivo comenzaría el 1 de enero, al margen del tiempo que llevase previamente el combustible en el reactor (las recargas de las barras de uranio se suelen hacer cada 18 meses o más). Pero una enmienda del Grupo Popular en el Senado ha dejado claro que hay que pagar los 2.190 euros por kilo de metal pesado (uranio y plutonio) que establece la norma, desde que las barras de combustible se introdujeron en los reactores.
Nuclenor ha justificado la parada de Garoña en que la incertidumbre que pesa sobre esta central, que podría ser clausurada en julio si sus propietarias no solicitan la prórroga que les ha ofrecido el Gobierno de Mariano Rajoy, no compensa el pago de este impuesto para seguir funcionando unos meses. En todo caso, tanto si se despeja su futuro (esto es, si el Gobierno admite las peticiones de las eléctricas para que se retiren o suavicen las citadas medidas fiscales), como si no, Garoña podría recargar su reactor con las mismas barras a partir de enero y pagaría el nuevo impuesto desde el día en que se hiciese la nueva recarga. De ahí la confusión generada este fin de semana con el paradójico anuncio de Nuclenor, según el cual, se trataba de "un cese definitivo" y, a la par, "reversible".
Este "juego" de sacar y meter el combustible radiactivo está siendo criticado en el propio sector por considerarlo, "en cierto modo un fraude y un peligro para la seguridad". Por otro lado, nada impide que el resto de las centrales nucleares haga lo mismo. La de Almaraz sería una excepción pues, casualmente, se encuentra en plena recarga programada, por lo que, "de una manera legal", se librará de la retroactividad del impuesto.
Endesa e Iberdrola están aprovechando la posición pronuclear del Gobierno de Rajoy (el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, les ha rogado que mantengan Garoña en funcionamiento más allá de 2013) para forzar sus reivindicaciones. Y utilizan como cebo a la vieja central burgalesa argumentando razones económicas que bien pueden hacerse extensivas al resto del parque español.
Tanto esta central (cuya clausura en julio de 2013 fue decretada hace tres años por el Gobierno de Rodríguez Zapatero), como el resto de instalaciones atómicas, están obligadas a realizar las nuevas inversiones impuestas por Bruselas tras el resultado de los test de estrés realizados por los organismos de seguridad nuclear de los países de la UE tras el accidente de Fukushima. Y, aunque la de Garoña ha de afrontar además las inversiones que le ha exigido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que pueda seguir funcionando hasta 2019, también el resto de centrales se someten periódicamente al escrutinio y la inspección del CSN para renovar sus licencias.
Estas exigencias, unidas a los nuevos impuestos en marcha, son ciertamente una rémora para el parque nuclear, pero no solo para Garoña. Sería un problema exclusivo de esta planta si sobre ella pesara aún el decreto de cierre aprobado por el Gobierno socialista, pero la central de Nuclenor tiene la puerta abierta (se la abrió el Ejecutivo de Rajoy hace ahora un año) para seguir activa hasta 2019. También al resto se les termina su vida útil a partir de los primeros años 20. Y, al fin y al cabo, Garoña es la más amortizada de todas por ser la más antigua. Amortizada contablemente, se entiende, porque la inversión en todas y cada una de ellas fue recuperada por las eléctricas hace muchos, muchos años.
Fuente: Cinco Días