El día de los inocentes nos desayunábamos en Torrelavega con una noticia que, aunque en parte era esperada, nos retrotraía 20 años atrás. La empresa Sniace presentaba un ERE que afectaba a 330 trabajadores propios y suponía el cierre de la mayor parte de la factoría.
No es la primera vez que la fábrica amaga con cerrar, pero parece la advertencia más seria desde que en 1993 decretó el cierre patronal con 800 trabajadores encerrados dentro.
En esta ocasión pone como escusa el mal llamado “céntimo verde”, que supone más de 9 millones de euros al año para la empresa. Suficiente para convertir al grupo en inviable.
Mientras estábamos entretenidos con la autodeterminación de Cataluña, el Gobierno de España aprobó este nuevo impuesto, que grava a las empresas productoras de electricidad y que nos supondrá un aumento del recibo eléctrico de un 20%. Este impuesto, además, no va a servir para financiar la educación, la sanidad o la dependencia. Sirve para cubrir el llamado “déficit de tarifa”, que es la diferencia entre lo que pagamos los consumidores por la electricidad y lo que realmente les cuesta a las empresas suministrarla. Porque en España, aunque pagamos la electricidad más cara de toda Europa continental, no es suficiente para cubrir los costes de una electricidad adquirida en unas subastas cuanto menos dudosas.
El ejemplo de Sniace es una muestra de la torpeza de este nuevo impuesto. El estado no solo no cobrará los 9 millones de euros previstos, tampoco cobrará los impuestos y cotizaciones de 330 trabajadores de la fábrica (más de 500 si se cuentan los empleos indirectos) y tendrá que abonarles al menos 6 meses de paro. Un pésimo negocio, y aún no sabemos qué harán otras empresas afectadas, como Solvay o Ferroatlántica.
Si las decisiones del Gobierno de España han perjudicado claramente a Sniace, las del Gobierno de Cantabria no se quedan atrás. La empresa lleva algunos años tratando de posicionarse en el negocio de las energías renovables, un sector estratégico que debería ser nuestro futuro.
Pero la empresa se ha estrellado contra el gobierno de Ignacio Diego, que nada más llegar decidió paralizar el plan eólico, en el cual Sniace (en sociedad con el Banco Santander) era una de las empresas adjudicatarias.También el ejecutivo de Diego decidió dar carpetazo definitivo a la planta de Bioetanol que la empresa pretendía levantar en Torrelavega y que terminará en Polonia.
Y por si no fuera bastante, decidió aumentar el canon de saneamiento un 74% entre 2011 y 2012, un impuesto especialmente gravoso para las empresas que, por sus procesos, consumen mucho agua, como es el caso de Sniace.Llama especialmente la atención la presencia del alcalde de Torrelavega en la primera manifestación de los trabajadores, ya que en su condición de diputado ha apoyado disciplinadamente todas estas decisiones. Ildefonso Calderón se está mostrando como todo un maestro en el arte de nadar y guardar la ropa.
En resumen, este es posiblemente el ERE más político de la comarca. Si las situaciones de empresas como Bridgestone, Insago, Haullote, Arozamena, etc pueden explicarse por la caída de sus respectivos mercados, en el caso de Sniace la única explicación está en las decisiones políticas sobre el mercado eléctrico.
Y la única solución está en su rectificación.
Fuente: http://laplazaroja.com