El Banco de España quiere que cobremos menos de 645 euros al mes y trabajemos hasta los 70 años
Hace unos días se daba a conocer la memoria anual del Banco de España, acompañada de unas incendiarias consideraciones de su actual gobernador, Luís María Linde, quien se despachaba con total naturalidad sobre los próximos recortes que el PP debería llevar adelante lo antes posible, centrándose especialmente en la reducción de salarios y el retraso en la edad de jubilación.
Aunque en las primeras noticias aparecidas en los medios de comunicación pareciera que estas propuestas tenían como destinatarios exclusivamente a los jóvenes, lo cierto es que la imposición de salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que defiende el Banco de España —los famosos 645,30 euros—, debería aplicarse también a todos los trabajadores “con mayores dificultades para su empleabilidad”, es decir, para todos los parados de larga duración, casi tres, de los seis millones doscientos mil desempleados que hay en el conjunto del Estado actualmente.
Para el gobernador del Banco de España y, como no, para líderes de la derecha como Esperanza Aguirre, que no ha tardado ni un segundo en salir a respaldar estas declaraciones, la reducción de salarios es una medida necesaria “para evitar que el salario mínimo actúe como una restricción para grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades para su empleabilidad”. Eso sí, la reducción debe circunscribirse a los salarios de los trabajadores y los jóvenes más golpeados por la crisis económica, nunca para los responsables de la misma: grandes directivos, consejeros de administración, dirigentes del Partido Popular o el mismísimo gobernador del Banco de España, que nunca alzó su voz contra la burbuja especulativa que terminó estallando sin decir esta boca es mía. Tanto para el gobernador del Banco de España, como para los dirigentes de la derecha, los banqueros y de la CEOE, también hay otro acuerdo relevante, y es que sus ingresos sigan siendo multimillonarios.
Con el PP, los pobres más pobres…
Y es que para el Partido Popular y el gobernador del Banco de España no es suficiente que el 60% de quienes tienen trabajo cobrasen ya en 2011 salarios netos inferiores a los 1.000 euros mensuales (1), o que, como en 2012 desveló en esta ocasión el Instituto Nacional de Estadística, el sueldo medio del conjunto de los trabajadores fuese de 1.345 euros mensuales (2), cifras que con el agravamiento de la crisis económica empeoraran en este año.
Conociendo estos datos no extraña que desde la derecha hablen ya sin complejos de su nuevo objetivo: la imposición de salarios de 500, 600 ó 700 euros por una jornada laboral de al menos ocho horas diarias. El expolio tan brutal que en cinco años se ha llevado adelante por parte de las grandes empresas contra los sueldos de los trabajadores ha sido tal, que hoy en día conocer a un joven “mileurista” parece casi un relato de ciencia ficción.
Pero el empobrecimiento de millones de familias trabajadoras no se mide únicamente a través del menguante salario que llega a nuestras casas. En estos años hemos visto como el IVA ha pasado del 18% al 21% —aunque para productos como el material escolar la subida ha sido del 4% a ese mismo 21%-— y los precios al margen del IVA también han continuado disparándose, especialmente el de los carburantes, el transporte público, la luz, el gas o la comida fresca. También en este tiempo derechos sociales como la gratuidad de las recetas médicas, determinados medicamentos o becas para el estudio han comenzado a desaparecer de un plumazo, de tal manera que los menos de mil euros que un trabajador pudiese cobrar en 2011, poco tienen que ver con el valor de esos mismos mil euros en la actualidad.
…los ricos, más ricos…
La indignación que entre la mayoría de la sociedad despiertan las declaraciones que hace el gobernador del Banco de España, Esperanza Aguirre o los ministros y tertulianos del PP, se ve acrecentada cuando se hacen públicos los ingresos de estos mismos personajes. De esta forma el mismo gobernador que pide la eliminación del SMI, porque 645 euros al mes le debe parecer mucho dinero, ha cobrado, sólo en los últimos seis meses del año, 81.320 euros, es decir que cada mes ingresaba el equivalente a 21 Salarios Mínimos Interprofesionales.
Pero la lista de sueldos completamente desorbitados es muy, muy larga, y entre los dirigentes del Partido Popular se da además la paradoja de que en los mismos años que explicaban que era necesario “apretarse el cinturón”, “aceptar una rebaja de los salarios”, “que todos hagamos esfuerzos”…, ellos no sólo no se aplicaban el cuento, sino que llevaban adelante subidas escandalosas de sus ingresos declarados, porque de los decenas de miles de euros mensuales que entraban en la calle Génova en forma de sobres, ni hablamos.
Alicia Sánchez Camacho —Presidenta del PP en Catalunya— es uno de los mejores exponentes de este “milagro” de la subida salarial meteórica en plena crisis, pasando de cobrar 35.000 euros en 2009 a 113.000 en 2011, una subida de casi el 300%, que no incluye el dinero recibido por ser senadora y el que obtiene de las dietas del Parlament, cuya suma da un ingreso final declarado de 180.000 euros anuales (15.000 euros al mes).
Lejos de ser un caso aislado, este ejemplo es la norma dentro del Partido Popular, hasta el punto de que el propio Mariano Rajoy entre los años 2006 y 2011 (cuando se hacía fotos frente a las colas del paro, o decía cosas como: “Miro mi cuenta al final de mes porque lo necesito, lo necesito y muchísimo, tengo los problemas que tienen todos los ciudadanos”) disfrutó de una subida salarial del 36%, pasando de cobrar 146.000 euros anuales a 200.000 euros. Casi 17.000 euros al mes.
Esta extraordinaria subida de los sueldos de los dirigentes del Partido Popular se produjo paralela a la demagógica bajada de salarios que el Congreso de los Diputados había acordado, “para dar ejemplo de sacrificio también desde las Cortes al conjunto de la sociedad”. Una mentira más con la que intentaban engañar haciendo ver que “todos vamos en el mismo barco, y todos estamos haciendo grandes sacrificios”.
Los casos de Mariano Rajoy y Alicia Sánchez Camacho son la tónica general dentro del PP, algo reconocido por el mismo Partido Popular que explica cómo sus parlamentarios con responsabilidades en la sede, y los diputados y senadores miembros de la dirección, perciben una “compensación por gastos de representación”, de hasta 50.000 euros sobre su propio sueldo (3). Todo este caudal de dinero, claro está, no incluye los ingresos derivados de los famosos sobres de Bárcenas, y que según las últimas informaciones periodísticas habrían proporcionado a Mariano Rajoy ingresos a razón de 25.000 euros por año entre 1999 y 2008.
A la luz de estos y muchos otros datos que llenan páginas enteras de casi todos los diarios, queda claro como muchos políticos del PP y de los partidos que sustentan el sistema, sí que entran en la vida política para hacerse ricos, y además a costa del erario público, puesto que como el Partido Popular reconoce abiertamente, el 95% del dinero que gestiona y del que salen estos sueldos millonarios, llega de diferentes subvenciones y ayudas públicas (4).
Por más que los dirigentes de la derecha, comenzando por Mariano Rajoy, digan cosas como: "Vosotros sabéis que no he venido a la política a ganar dinero […] ganaba más dinero en mi profesión que como político (5)” lo cierto es que ya nadie les cree. Y con toda la razón del mundo, ya que el sueldo medio de un registrador de la propiedad —la profesión de Rajoy— no superan los 12.000 euros mensuales, mientras que los ingresos declarados de Rajoy entre 2003 y 2011 supusieron un incremento de su patrimonio de ¡1,39 millones de euros! cantidad muy superior a la que como registrador de la propiedad podría haber alcanzado en ese mismo tiempo.
En cualquier caso, la cosa no queda aquí, porque probablemente y siguiendo el ejemplo de Aznar ( o de Felipe González, de Rodrigo Rato, de Martín Villa, de Piqué o Narcís Serra, la lista es interminable), Rajoy también podrá entrar como consejero de una o varias grandes empresas y tener unos ingresos multimillonarios asegurados. Una vez que se sale de la primera línea política, este tipo de políticos se “cobran” rápidamente todos los favores que realizaron durante la estancia en Moncloa.
…y los muy ricos, mucho más ricos.
Estos sueldos astronómicos que demuestran como sí que hay dinero de los fondos públicos para que por lo menos unos pocos vivan a cuerpo de rey, son una minucia comparados con los salarios que se adjudican a ellos mismos los grandes empresarios, accionistas, banqueros y especuladores de todo tipo.
De esta forma los sueldos de los consejeros de las 35 empresas más punteras en el Estado español, las que cotizan en el IBEX-35, se incrementaron en 2011 una media del 4%, alcanzando cantidades de hasta 279.300 euros anuales, 432 veces el mismo Salario Mínimo Interprofesional que ahora se quiere suprimir.
Emilio Botín con un sueldo anual de 3,06 millones de euros en 2012 o Francisco González —presidente del BBVA— con 2,96 millones de euros son algunos de estos ejemplos que incluso quedan eclipsados frentes a los “sueldos” de consejeros delegados como Alfredo Sáenz (también del Santander) que percibió 8,23 millones de euros en ese mismo año; 685.000 euros al mes.
Nuevos ataques en el horizonte a nuestras condiciones de vida
Estos grandes accionistas, consejeros y empresarios son los que de la mano del PP promueven este tipo de medidas y, como se recoge en la memoria anual del Banco de España, no quieren que los ataques queden ahí. Todo es objeto de revisión y de “reforma”, desde los convenios y los salarios, hasta por supuesto, tal como vemos estos días, el futuro de las pensiones: “Sería aconsejable anticipar la entrada en vigor del retraso en la edad de jubilación (hasta los 67 años) y del alargamiento del período de cálculo de la base reguladora (de los 15 a los 25 años)”, señala el Informe. O que se produzca una revisión “en profundidad” del sector público y diferentes programas de gasto público, o que se produzca una nueva subida de impuestos indirectos. Y por supuesto que cuando se recupere la economía, los convenios no vuelvan a subir los sueldos según lo haga la inflación.
Los efectos de todas estas medidas los conocemos muy bien, pero incluso en los países que se invocan constantemente como ejemplos a seguir, este tipo de recortes tienen consecuencias nefastas: en Alemania, 760.000 pensionistas se ven obligados a buscar un minijob con el que poder complementar los ingresos de su magra pensión.
También Gran Bretaña es un ejemplo de lo lejos que se puede llegar en la degradación de los derechos sociales, donde los extendidos programas de “aprendices” para los jóvenes entregan salarios de 2,7 libras la hora, lo que hace un total de 480 euros al mes por jornadas de 8 horas diarias, algo muy similar a lo que el vicepresidente de la CEOE, Javier Ferrer, exigía en 2011: recuperar la figura de los aprendices con sueldos de “300, 400 ó 500 euros”. Petición que fue recogida de inmediato por el Partido Popular y acabó incluyendo en su reforma laboral al crear el contrato de formación y aprendizaje para desempleados de entre 18 y 30 años, que permite precisamente una reducción del 25% sobre el salario mínimo.
Estos datos y ejemplos de contratos en otros países muchas veces son utilizados por la derecha para justificar los ataques que llevan adelante en el Estado español, pero nada dicen de que nuestro salario mínimo es de los más bajos en la Unión Europea, menos de la mitad del SMI francés, que llega a los 1.425,67 euros, y muy lejos del más alto, que alcanza los 1.801 euros mensuales.
El problema de fondo de toda esta situación es que se continúan drenando recursos públicos por valor de miles de millones de euros, de recortes de la sanidad y educación públicas o las prestaciones sociales para beneficio de una minoría de banqueros, grandes empresarios y poderes financieros que día a día continúa incrementando sus fortunas a costa del empeoramiento sostenido de nuestras condiciones de vida. De hecho con los cien millones de euros que diariamente salen de las arcas públicas para pagar la deuda del rescate a la misma banca que no para de lucrarse, podrían construirse al final de un año 365 hospitales de 500 camas cada uno a lo largo y ancho de todo el Estado.
La solución a toda esta situación es clara: rescatar a las personas, defender nuestros derechos sociales, y poner fin a este escandaloso saqueo por parte de un puñado de banqueros y privilegiados, requiere una alternativa anticapitalista, socialista y revolucionaria. Por eso desde el Sindicato de Estudiantes luchamos por la nacionalización sin indemnización de todo el sector financiero bajo el control democrático de los trabajadores y sus organizaciones; por la expropiación del parque de viviendas propiedad de la gran banca para ponerlas en alquiler social y la anulación de todos los desahucios. Contra la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la contrarreforma franquista de la enseñanza (LOMCE), y contra la privatización de la sanidad y la enseñanza públicas. Sabemos que la lucha por la transformación socialista de la sociedad no es una utopía, sino el único camino para acabar con la catástrofe a la que nos condena la crisis de un sistema caduco y reaccionario: el sistema capitalista.
Fuente: Sindicato de Estudiantes