Así lo ha señalado la Secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, que se ha referido a la sentencia como “un pronunciamiento parcial” y ha demandado “un pronunciamiento sobre la globalidad de la reforma sobre la que se han presentado los recursos”.
“Esta especie de pronunciamiento a base de goteos nos parece que deja en entredicho el valor de las sentencias del más Alto Tribunal de nuestro país”, ha afirmado.
Almudena Fontecha ha considerado que “lo que es legal no necesariamente tiene que ser justo y esta reforma lo que está demostrando es el valor injusto de sus medidas, ya que está trayendo consigo, como conocemos mes a mes con los datos del desempleo, una pérdida de derechos de los trabajadores y no se ha detenido la sangría de desempleo”.
Además, el sindicato llama la atención sobre el hecho de que con la excusa de la crisis económica se haya incorporado a nuestro ordenamiento un estado permanente de excepción constitucional en el que se limitan, restringen y se desconocen los derechos y libertades de los ciudadanos. De esta forma, el abuso de la utilización de los Reales Decretos por parte de los Gobiernos “ponen de manifiesto todo el camino que nos falta por recorrer para consolidar las instituciones democráticas de este país”.
“Este abuso pone en entredicho el papel que debe jugar el Parlamento y los interlocutores sociales en todas aquellas materias que tienen que ver con las relaciones laborales”. Decaen los derechos que constituyen la esencia del Estado Social y Democrático de Derecho, se deja en la marginalidad al Parlamento como depositario de la voluntad del pueblo y se convierte al Gobierno en una institución que representa el nuevo “absolutismo”, que hace y deshace a su antojo.
Para UGT, lo cierto es que tras años de crisis y recesión, lo único a lo que se ha llegado, junto a esta degradación democrática, es a la ineficacia de las medidas de este Gobierno para resolver los problemas de la economía y el empleo.
Por tanto, “respetamos pero no compartimos esta sentencia por su carácter injusto con los derechos de los trabajadores y trabajadoras y por cuestionar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo en relación con la protección especial de los trabajadores en situación de despido y pendiente de resolución, por lo que esperamos que el pronunciamiento global del Tribunal Constitucional corrija esta sentencia de carácter parcial que realizó en el día de ayer”.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EL TC AVALA EL USO POR EL GOBIERNO DEL REAL DECRETO LEY PARA LLEVAR A CABO LA REFORMA LABORAL
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de dos aspectos de la reforma laboral -incluidos en el Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral- que han sido cuestionados por el Juzgado de lo Social número 34 de Madrid. En un auto aprobado por mayoría, el Pleno del TC afirma que "les dudas de constitucionalidad expuestas resultan notoriamente infundadas"; asegura que la redacción dada por el decreto-ley a los preceptos cuestionados "responde a una opción de política legislativa que, desde la estricta perspectiva constitucional (. . .) no genera quiebra o lesión en los derechos constitucionales invocados"; y recuerda que "no es suficiente la mera discrepancia política" para tachar una norma de "arbitraria". Considera, además, que el Gobierno ha cumplido los requisitos que la ley le exige para legislar por decreto-ley. El auto, del que ha sido ponente el magistrado Enrique López, cuenta con los votos particulares de los magistrados Fernando Valdés DalRé, Luis Ignacio Ortega, Adela Asua y Juan Antonio Xiol.
El TC centra su análisis en los dos únicos preceptos respecto de los cuales el órgano judicial ha argumentado sus dudas de constitucionalidad:
- El apartado 2 de la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012. En él se fija la indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados antes de la entrada en vigor de la reforma. Este apartado establece un criterio de cálculo dual según el cual el tiempo de servicios anterior a la citada fecha se indemnizará a razón de 45 días de salario por año de servicio -que era la indemnización que, hasta la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012, estaba prevista en el art. 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (LET) para despidos improcedentes-; y el período de prestación de servicios posterior a la entrada en vigor de la reforma se calculará a razón de 33 días de salario por año de servicio - que es la nueva indemnización fijada para los despidos improcedentes en la redacción dada al art. 56.1 LET por el Real Decreto-ley 3/2012-.
- El art. 18.0cho del Real Decreto-ley 3/2012. En primer lugar, el Pleno avala el uso por el Gobierno del decreto-ley para operar la reforma laboral. El auto parte de la premisa de que "le apreciación de la concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad [para legislar por decreto] constituye un juicio político o de oportunidad" que corresponde en primer lugar al Gobierno y, en segundo, al Congreso de los Diputados. Sentado lo anterior, concluye que la decisión no fue ni "abusiva" ni "arbitraria", pues en la Exposición de Motivos de la norma cuestionada el Gobierno se basa en "datos constatables relativos a la situación de crisis económica y desempleo" para justificar el uso del real decreto-ley.
Sin entrar en un juicio de "oportunidad' de la reforma, que no corresponde hacer al TC, el Pleno entiende que la elección del decreto-ley también cumple con el requisito según el cual las medidas aprobadas deben estar en "conexión" con la situación de urgencia que las justifica.
El TC también rechaza la alegación del Juzgado respecto a la vulneración del artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe que las reformas llevadas a cabo mediante decreto afecten a los derechos fundamentales (los recogidos en el Título 1 de la CE).
En relación con el primero de los preceptos cuestionados (apartado 2 de la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 3/2012), el TC niega que establezca medidas arbitrarias y que provoque una discriminación "de origen clasista", como alega el órgano judicial. Para formular esta crítica, el Juzgado compara el régimen indemnizatorio civil con el laboral, una comparación que, según explica el TC, no es válida al tratarse de realidades diferentes reguladas en regímenes jurídicos distintos. La reforma, por el contrario, "no prevé diferencias entre los trabajadores comprendidos en el supuesto regulado". El auto descarta también que el precepto cuestionado carezca de explicación racional y recuerda que la Constitución confiere al legislador la facultad de configurar el régimen del despido, capacidad que incluye la posibilidad de establecer indemnizaciones tasadas.
Respecto al segundo de los preceptos cuestionados (art. 18. Ocho del Real Decreto-ley 3/2012), el TC vuelve a rechazar que se trate de una decisión arbitraria pues la Exposición de Motivos "explica las razones por las que el legislador justifica la supresión de los salarios de tramitación" cuando se opta por la indemnización y no por la readmisión del trabajador.
El auto recuerda que el Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la "adecuación constitucional" de la limitación del pago de los salarios de tramitación, prevista en su día por el Real Decreto ley 5/2002. Según entonces se dijo, readmisión en la empresa y extinción indemnizada del contrato "no son, en modo alguno, situaciones homogéneas, sino, antes al contrario, radicalmente diferentes", pues en un caso se mantiene en vigor la relación laboral entre empresa y trabajador, mientras que en el otro dicha relación laboral queda "definitivamente extinguida". Al tratarse de supuestos distintos, el reconocimiento de salarios de tramitación en la opción por la readmisión y su omisión en la opción por la indemnización no supone, a juicio del Tribunal, "una diferencia de trato desproporcionada o irrazonable" y no vulnera "/as exigencias del principio de igualdad".
Finalmente, el TC niega, como alega el Juzgado, que la norma viole el derecho al trabajo (art. 35.1 CE) por suponer un incentivo a la rescisión indemnizada del contrato. El auto sostiene que ese supuesto efecto incentivador es "una presunción" del órgano promotor de la cuestión de inconstitucionalidad.
En su voto particular discrepante, el magistrado Valdés (al que se han adherido Ortega y Asua) considera que la reforma no reúne "las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad" que la Constitución exige para legislar por la vía del decreto-ley; entiende además que el real decreto-ley aprobado por el Gobierno vulnera el artículo 86.1 de la CE porque las medidas aprobadas afectan a los derechos que la Constitución reconoce en su Título l.
Los tres magistrados también sostienen que la cuestión de inconstitucionalidad no debía resolverse hasta que el Pleno no dictara sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 3/2012, de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Este último y concreto aspecto es el que plantea en su voto particular el magistrado Xiol.
Madrid, 13 de febrero de 2014.