Según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de agosto el Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa en el 2,7%, cinco décimas superior a la registrada el mes anterior, y coincidiendo con el indicador avanzado publicado el pasado 30 de agosto. Por su parte, la tasa mensual se sitúa en el 0,6%, ocho décimas por encima de la que se registró en agosto, que fue del -0,2%.
Los grupos que han tenido mayor influencia en el incremento de la evolución anual son: Transporte, que supera en más de dos puntos la tasa del mes anterior, y se sitúa en una tasa anual del 6,1%, debido al aumento de los precios de los carburantes y lubricantes este mes frente a la bajada que registraron en agosto del año pasado; Vivienda, cuya variación anual aumenta seis décimas y se sitúa en el 6,0%, debido al aumento de los precios del gasóleo para calefacción que bajaron en 2011, y que este año aumenta más de 12 puntos y se sitúa en el 19,6%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación anual del 2,0%, dos décimas por encima del mes de julio, debido al incremento de los precios de las frutas frescas y las patatas y sus preparados; y Otros bienes y servicios, con una tasa anual del 1,8%, cuatro décimas superior a la del mes pasado, dado el aumento de los precios de los otros servicios.
Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene el 1,4%, la misma tasa que en el mes de julio, de manera que su diferencia respecto al índice general aumenta hasta los 1,3 puntos.
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) aumenta cinco décimas respecto al mes anterior, situando su tasa anual en el 2,7%, la misma que el IPC general nacional, y una décima por debajo de la media de la Zona Euro, de modo que sigue recortando la distancia con este indicador respecto al mes anterior.
Conclusiones
Los datos conocidos hoy suponen la mayor tasa de la inflación de este año 2012 y el mayor aumento desde diciembre de 2010 (cuando se incrementó 7 décimas, desde el 2,3% al 3%) y sitúa la inflación a niveles de noviembre pasado. La combinación de recesión, altos precios y salarios a la baja supone una clara caída en picado del poder adquisitivo de los ciudadanos, que además se enfrentan desde el pasado día 1 a una subida masiva del IVA.
Desde mediados de 2011, la inflación se había ido debilitando, situación que cambió radicalmente de rumbo debido principalmente a dos hechos: del copago farmacéutico, que obliga a millones de usuarios del sistema público de salud a pagar parte de los medicamentos desde el pasado mes de julio, y la escalada de precios de los carburantes en el mes de agosto, de forma que el precio del litro de gasolina ha aumentado más de un 12% y el del gasóleo lo ha hecho casi un 9%.
En una economía anímica como la nuestra este incremento de precios, unido al aumento del IVA, tiene un efecto devastador en el poder adquisitivo de los ciudadanos y supone frenar en seco el consumo y con ello la demanda agregada, ya de por sí devastada en nuestro país gracias a los recortes indiscriminados impuestos por el Gobierno. Así, según los últimos datos de Contabilidad Nacional correspondiente al segundo trimestre de 2012, la contribución al crecimiento agregado de la demanda nacional se situó en –3,9 puntos, siete décimas más negativa que en el trimestre anterior, y el empleo de la economía cayó a un ritmo interanual del 4,6%, un punto más que en el primer trimestre de 2012, lo que se traduce en una destrucción neta de 801 mil puestos de trabajo a tiempo completo en un año. La remuneración de los asalariados bajó del –2,5% al –3,9%, como consecuencia de la caída del número de asalariados (del –4,0% al –5,1%) y de la desaceleración de dos décimas en la remuneración media por asalariado (del 1,5% al 1,3%). Además, el crecimiento del coste laboral por unidad de producto se sitúa en el –2,1%, casi dos puntos por debajo del deflactor implícito de la economía, de manera que, al contrario de lo que muchos predican, no son los salarios los causantes de la situación de los precios en nuestro país.
Conviene recordar que el aumento medio pactado de los convenios nuevos a los que son de aplicación los criterios en materia salarial del II AENC, en 2012 es del 0,94%, siendo del 0,68% para los convenios nuevos de empresa y 0,99% para los convenios de sector. Es decir, que el esfuerzo de los trabajadores españoles es más que evidente en la labor de propiciar la reactivación económica mediante la mejora de la cuota de mercado interna y externa de los bienes y servicios españoles, lo que deja en evidencia que los responsables de la evolución del IPC en nuestro país son los precios públicos, las tasas y los impuestos (como el IVA), competencia de las Administraciones Públicas, así como de los beneficios empresariales.
En este contexto, lo prioritario, en contra de lo que cree el Gobierno, es recuperar la actividad económica, mediante la reactivación de la demanda interna, vía consumo e inversión, porque solo así se logrará impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Y lo malo no es no darse cuenta de esto, sino centrarse en la reducción del déficit público, deteriorando los ingresos públicos dada la falta de actividad económica, y la ausencia de incentivos para reactivarla. Resulta que el único camino para recuperar los recursos públicos pasa por recuperar la actividad y reactivar el crecimiento económico, a través de la demanda interna, vía consumo e inversión.
Para UGT la salida de la crisis pasa por el Pacto por el Empleo y la Cohesión Social, ignorado por el Gobierno, y por consultar a la ciudadanía, mediante un referéndum consultivo, si están de acuerdo o no con la política económica impuesta unilateralmente por el Gobierno, y que se está demostrado nociva para la salida de la crisis. Porque lo que España precisa es un cambio de rumbo, cuyo objetivo inmediato sea el crecimiento económico. Pero un crecimiento equilibrado y sostenible, basado en el empleo de calidad, estable y con derechos. Este objetivo inaplazable requiere restablecer el equilibrio presupuestario a largo plazo, que consiga una reducción progresiva del déficit público en plazos compatibles con la reactivación económica y la equidad social, a través de un sistema fiscal justo y acompañado de una política industrial dinámica y competitiva.
Las políticas del Gobierno aniquilan las posibilidades de consumo de los ciudadanos, a través del recorte salarial de los empleados públicos y de las prestaciones por desempleo y sin hacer frente a la continua destrucción de empleo, y volatilizan las posibilidades de la recuperación de la actividad económica, agravando más la recesión económica en nuestro país. Caminar en la dirección equivocada supone quebrar los estímulos al crecimiento, y hacerlo desmantelando el Estado del Bienestar supone el empobrecimiento y la desprotección de la población, que junto al deterioro de los derechos sociales y laborales, tiene como consecuencia el aumento de la desigualdad y la exclusión. Algo que no debemos permitir.
Frente a la destrucción de la protección social y la ruptura de la cohesión social en nuestro país es necesaria una respuesta social con el objetivo de promover el cambio que demanda nuestro país, para evitar las catastróficas consecuencias de las políticas que están produciendo una fractura social sin precedentes en España, y que nos arrastran a una sociedad más injusta y menos igualitaria. Porque existen alternativas a las políticas nacionales y europeas, como una reforma fiscal justa y progresiva que luche de forma decida contra el fraude fiscal, sin amnistías, el próximo 15 de septiembre, día de protesta general, UGT expresará su rechazo inequívoco a las políticas económicas que se están imponiendo en nuestro país.
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