08 octubre 2013

Las obsesiones de Diego acabaron con Sniace

El pasado 24 de septiembre la dirección de Sniace echaba el cierre a su factoría en Torrelavega. Sin embargo, la empresa ya estaba muerta mucho antes, concretamente desde el 22 de junio de 2011, cuando el candidato Ignacio Diego leyó su discurso de investidura ante el Parlamento. El futuro presidente dejó claro que anulaba el concurso eólico y que la planta de bioetanol de Sniace no se haría a pesar de tener concedido un crédito de 60 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. El futuro de una industria madura, que se apuntaba al cambio de los tiempos, lo frustró un incompetente y vengativo político, víctima de su enfermiza obsesión por borrar el pasado costara lo que costara. Y nos ha costado, vaya si nos ha costado.

Es una de las pocas veces que Diego dice la verdad cuando asegura que hace dos años que la dirección de Sniace estaba pensando en cerrar la empresa. Lo que no dice es que esa decisión ha sido impulsada, condicionada y casi forzada por decisiones que el propio Diego tomó en su día, hace dos años y medio. Decisiones políticas con derivadas empresariales de las que el presidente del Gobierno pretende huir ahora como de la peste. Los impuestos excesivos del Gobierno central para favorecer a las empresas eléctricas, con mucha mano, al parecer, en el Ministerio de Industria de Soria, o las nuevas normas medioambientales llegaron después y pusieron unos clavos de más en el ataúd. Pero el daño ya estaba hecho.

Las hemerotecas no me dejaran por mentiroso y ponen a cado uno en su sitio. Sniace y Blas Mezquita tenían claro desde hace años que algunas de las líneas de producción de la empresa químico-papelera estaban condenadas, por razones de rentabilidad económica o por cuestiones medioambientales, al cierre. Y buscaron una diversificación en la producción que les permitiera seguir ganando dinero y, gracias a ello, no se olvide, mantener si no todo el empleo una buena parte de él en su fábrica de Torrelavega.

En ese contexto se diseña el proyecto de planta de cogeneración que se dio a conocer en el 2003, coincidiendo con el relevo de Gobierno del PP por el bipartito social-regionalista. Al consejero de Industria de entonces, Miguel Ángel Pesquera, le sonaba bien la música de la planta de cogeneración, pero no eran de la misma opinión las fuerzas políticas locales, comenzando por el PSOE que detentaba la alcaldía. Tampoco se veía con buenos ojos por los colectivos vecinales y los grupos ecologistas. Las mayores críticas se centraban en el aumento de contaminación. Los técnicos dejaron claro que el aumento era pequeño, pero llovía sobre mojado. Porque el añadido de contaminación, grande o pequeño, se unía a los índices muy elevados que históricamente padecía Torrelavega y el Besaya, lo que convertía el proyecto en un problema.

Finalmente el proyecto de planta de bioetanol se aparcó sine die. Tras las elecciones de 2007, que dan paso a la reedición del pacto PSOE-PRC, Sodercan, con Salvador Blanco al frente, impulsa, respaldado por la consejería de Economía y Hacienda de Agudo a través del ICAF, un proceso de negociación-convencimiento para que Sniace apueste por un futuro factible. Blas Mezquita, presidente de Sniace, pide ayuda para apuntarse al cambio de modelo productivo y el Gobierno se lo da, pero con condiciones. Apoyo sí, pero a cambio de empleo. Y las inversiones por cuenta de la empresa. Los políticos ayudan con la política, sin subvenciones.

El proyecto de planta de bioetanol no surge de la noche a la mañana. Se trabaja en la empresa y se trabaja en el Gobierno, sobre todo en el ICAF, el organismo dirigido por Luis Egusquiza, para obtener la financiación que hiciera posible el proyecto. Y se consigue. El Banco Europeo de Inversiones concede un crédito de 60 millones de euros, el 50% de la inversión prevista en la planta, que el Gobierno de Cantabria avala, pero que no computa como deuda al realizarse a través del ICAF, que funciona como un banco público. Lógicamente existía un riesgo, pero todos los estudios realizados por la empresa y el Gobierno, pasados por la criba de los analistas de riesgo del BEI, que no son precisamente muy dados a las alegrías, decían que era viable.

El crédito quedó pendiente de la firma al llegar las elecciones y debería haberse rubricado tras los comicios ya con el nuevo Gobierno. Pero Diego decidió que no había garantías suficientes y que el Gobierno no iba a avalar la operación. Y no firmó y el dinero se perdió. Que la decisión fue producto del espíritu pisapuros de un político actuando con las gónadas y no con la cabeza, lo demuestra el hecho de que un año después de cargarse la operación, y tras una entrevista con Blas Mezquita, Diego anunciara que la planta de bioetanol era viable y que se empezaba a buscar la financiación. Para entonces un sociedad participada por Sniace ya estaba construyendo una planta igual en la frontera entre Polonia y Alemania, con avales del Gobierno polaco y créditos del BEI.

Hace dos años, por tanto, que Diego le cerró a Sniace la puerta al futuro. Y también le cerró las ventanas. Sniace, en sociedad con el Banco Santander, que no es un socio menor, había optado a uno de los mayores parques del concurso eólico y se le habían adjudicado. La apuesta por las nuevas energías, por las renovables en este caso eólicas, parecía una excelente idea para completar la transformación de la empresa. Nuevos ingresos y nuevos puestos de trabajo. Se aseguraba la estabilidad económica y buena parte de los puestos de trabajo. Sniace tenía futuro y sus trabajadores también. Pero no contaban con que Diego había prometido cargarse el concurso y eso fue lo primero que anunció en su discurso de investidura.

Ahora, dos años después, cuando se da cuenta, o le hace darse cuenta, del tiempo perdido, Diego pretende que nos creamos que el concurso eólico no lo paró el sino que fue una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Dos mentiras y matrícula de honor en cobardía política. No sólo fue el quien paralizó el concurso, sino que cuando se produjo una sentencia que no era firme, no la recurrió -en los despidos de los trabajadores que han sido declarados improcedentes si lo ha hecho- y conminó a las empresas adjudicatarias a que tampoco lo hicieran. A Sniace le hizo retirar el recurso presionando por medio del Santander. Los muchos intereses de Botín con el gobierno Diego fueron razones suficientes para que el banco arrastrara a Sniace a no presentar recurso. Fue la única adjudicataria que, en contra de los asesores legales que creen que el recurso está ganado, no llevó la sentencia del TSJC al Supremo.

A estas alturas me imagino que se estarán preguntando de que sirve todo lo que les he contado para solucionar el problema industrial de la comarca del Besaya en general y el de Sniace en particular. Les confieso que tienen razón los que piensen que no sirve para nada, salvo para poner a cada uno en su sitio. Los pirómanos no pueden ser jaleados como bomberos porque después de encender la mecha se ofrezcan para apagar el incendio. Pero es que, además, sin tener todas las claves de por qué la empresa ha hecho lo que ha hecho, difícilmente podremos buscar puntos de acuerdo y encuentro que permitan dar marcha atrás a una decisión que pude hundir la comarca y dejar a casi 2.000 familias sin presente y sin futuro.

Y es necesario recordar el papel de ejecutor de Sniace jugado por el presidente Diego para que nadie pueda caer en la tentación de creer en sus lágrimas de cocodrilo. O lo que es peor, que alguien pueda pensar que le preocupan los 533 trabajadores despedidos de Sniace. Que se ofrezca para demandar a la empresa por los despidos raya en la desvergüenza más absoluta. Cabría recordarle al señor presidente, además de todo lo antedicho, que Sniace ha hecho uso de la reforma laboral del Gobierno Rajoy para despedir a toda su plantilla. Así que si quiere echar una mano a los trabajadores de Sniace lo que debe hacer es pedir a Rajoy que derogue la ley y no ofrecerse de abogado laboralista.

PD. Una vez más El Diario Montañés acude a socorrer a la derecha. La publicación del ‘remitido’ del alcalde Torrelavega, Ildefonso Calderón, presentado en forma de entrevista, pretende alejar el foco de la opinión pública del conflicto laboral y social, para enredarlos en un debate partidista. Y, de paso, mandar a Diego, por boca de Calderón, el mensaje de que sea consciente de hasta qué punto la derecha económica de Cantabria está hasta el moño de la incompetencia del presidente regional.

El intento del DM y Calderón de plantear la situación de Torrelavega en términos de abandono y hacer la comparación calimera con Santander, me recuerda los clásicos derbis en segunda y segunda b entre el Racing y la Gimnástica, cuando el fútbol era más que futbol y se utilizaba como desahogo colectivo. Es evidente que el Gobierno de Cantabria no ha tratado bien a Torrelavega -que ahora se dé cuenta el alcalde cuando todo el mundo lo sabía demuestra el nivel Maribel del primer edil-, pero tampoco lo ha hecho con Santander, Polanco, Val de San Vicente y hasta los 102 ayuntamientos. Diego no ha tratado bien a los municipios a los que ha dejado sin financiación. Tampoco se ha portado mejor con los trabajadores, que por miles han ido al paro después de prometerles que crearía empleo. A las empresas no les ha ido mejor.

Decía ayer la dirigente socialista Eva Díaz Tezanos que Cantabria camina hacia el abismo. Me da la sensación de que se nos ha terminado el camino y ya estamos en caída libre. Mientras tanto el presidente Diego, imitando a la orquesta del Titanic, va tocando pito y tambor de romería en romería.

 Artículo de Víctor Gijón en Aquí Confidencial.es