Por eso, ante la firma de este ACUERDO COLECTIVO EN MATERIA DE JUBILACIÓN PARCIAL, la Sección Sindical de UGT desea hacer algunas aclaraciones, con objeto de que nadie confunda el alcance real de dicho “acuerdo”, si es que se le puede llamar así:
Ya en su primer párrafo artículo primero: Compromiso de jubilación parcial, dice: ”En virtud del artículo 166.2 de la Ley General de la Seguridad Social en su redacción anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2011, y a los efectos de facilitar la jubilación parcial de los trabajadores de la Compañía que actualmente prestan servicios en la misma, podrán convenir el acceso a la jubilación parcial del trabajador, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos legales establecidos por dicha normativa anterior para acceder a la jubilación parcial, y exista mutuo acuerdo entre las partes”.
Como puede verse, contradice el espíritu mantenido en los anteriores convenios colectivos, en cuya redacción, tratábamos de evitar la libre interpretación. En el convenio actual se hace constar: “Durante la vigencia de este convenio y hasta el 31 de Diciembre del año 2.013, los trabajadores que cumplan los requisitos legalmente establecidos, previa solicitud y a iniciativa de los mismos, podrán acogerse a la jubilación parcial, en tanto la Empresa formalizará un contrato de relevo en los términos previstos en la normativa vigente”. En definitiva, es el trabajador quien tiene la “iniciativa” sin que se exija que “ambas partes estén de acuerdo”. Si está pactado, la empresa debe estar obligada y, si el trabajador lo solicita es porque está de acuerdo.
Las exigencias y vinculación a los futuros convenios son constantes en la redacción. En su apartado tercero, “Vigencia del acuerdo y trabajadores”, lo especifica por partida doble, cuando dice: “y siempre que haya sido ratificado por el convenio colectivo que esté en vigor en cada momento” o más adelante “el trabajador deberá poner en conocimiento de la Compañía su voluntad de acceder a la jubilación parcial con una antelación mínima de 2 meses respecto de la fecha que desee darle efectos a la misma, siempre y cuando lo haya firmado la Dirección de la Empresa y Comité de Empresa previamente en un convenio colectivo que esté en vigor, debiendo ser ésta anterior al 1 de enero de 2019”.
También aporta la empresa su particular versión en lo que se refiere al establecimiento de la jornada: en el párrafo quinto, vuelve a sembrar el camino de piedrecitas, bajo el título “Porcentaje de reducción”, dice lo siguiente: “la jubilación parcial se efectuará en el porcentaje de reducción de la jornada que ambas partes acuerden, dentro de los límites fijados legalmente por la referida regulación”. En nuestra opinión, trata de establecer un criterio de flexibilidad para cada trabajador, y no el mismo para todos, como teníamos hasta ahora.
Cuando pasamos al párrafo siguiente, el sexto, encontramos lo siguiente: ”Concreción de la distribución de jornada anual resultante del jubilado parcial” En aras a conciliar la prestación de servicios y distribución de la jornada a desempeñar por el trabajador jubilado parcial con las necesidades organizativas y/o productivas de la Compañía, ambas partes pactarán la distribución de la jornada anual a desarrollar por el trabajador que acceda a la jubilación parcial y que resulte más conveniente para ambas partes. En caso de desacuerdo, será la Empresa la que determine la distribución de la jornada anual a desarrollar por el trabajador que acceda a la jubilación parcial. En todo caso se acuerda por las partes, que con independencia de la distribución de la jornada fijada inicialmente por las partes para cada año, el jubilado asume flexibilidad en la realización de la misma. Y por tanto podrá ser requerido por la empresa para prestar servicios en otro momento, mediando siempre un preaviso mínimo de una semana a la fecha en que deba incorporarse al trabajo. Tanta “flexibilidad”, siempre en la misma dirección, nos parece abusiva.
Todo este acuerdo está sujeto a más cláusulas que lo limitan y lo enmarcan de manera especial, como por ejemplo: “El no reconocimiento del acceso a la jubilación parcial al trabajador por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social o la Entidad que resulte competente por cualquier causa, conforme al régimen regulador de la jubilación parcial vigente antes de la Ley 27/2011, impedirá la aplicación del presente Acuerdo colectivo al trabajador afectado, reincorporándose el trabajador a la situación laboral y condiciones que tenía antes de iniciar el proceso de jubilación parcial, sin que dicha situación pueda dar lugar a reclamación alguna de daños y perjuicios frente a la Empresa, sin perjuicio de la posibilidad del trabajador de llevar a cabo las actuaciones que estime oportunas para el efectivo reconocimiento de su jubilación parcial”.
Por si todo esto no fuera suficiente, pone la guinda la empresa con una cláusula que denomina “Vinculación a la totalidad”, que dice lo siguiente: “En el supuesto de que entrara en vigor cualquier norma legal o reglamentaria que afectare al contenido del presente Acuerdo Colectivo, o resultara de aplicación una interpretación jurídica de la normativa de aplicación que contraviniera los compromisos asumidos en el presente Acuerdo, cualquiera de las partes podrá dar por extinguido el presente Acuerdo Colectivo y las obligaciones contenidas en el mismo previa comunicación a la otra parte. En el caso de que alguna de las cláusulas o pactos contenidos en este acuerdo se declarase nula, dicha nulidad afectará a la totalidad del acuerdo suscrito”.
Si por una resolución judicial resulta anulada una cláusula de un pacto, se elimina dicha cláusula, o se negocia otra que lo sustituya, pero no tiene por qué afectar al resto. Vincular la totalidad del acuerdo a la posible nulidad de uno de sus artículos, además de poca disposición para alcanzar dicho acuerdo, nos parece un abuso. Un ejemplo de la nueva redacción que se dio al convenio Sniace 2012: “Si la Jurisdicción competente declarase la nulidad de alguna parte del contenido del presente Convenio, las partes firmantes, de mutuo acuerdo, procederán bien a acomodar su contenido a lo dispuesto por los Juzgados o Tribunales, o bien a renegociar los aspectos anulados y aquellos que puedan verse afectados, sin que ello suponga la nulidad de todo el Convenio”.
Pese a todo lo anterior, hemos firmado con la esperanza de que pese a las trabas que contiene y las dudas jurídicas que suscita, al final pueda cumplirse, pero no por ello vamos a generar falsas esperanzas sobre las posibilidades de este acuerdo, tratándose de algo tan sensible para unos trabajadores que se acercan al final de su vida laboral.
En la asamblea de afiliados convocada para el próximo jueves día 25, podremos debatir y ampliar información sobre este acuerdo.