01 diciembre 2012

Se encarecerá un 17% para las empresas y más de un 6% para los hogares en 2013


El Gobierno ha dado una vuelta de tuerca a la reforma energética y ha logrado poner de uñas a las eléctricas tradicionales, las renovables, la cogeneración y los consumidores con unos cambios que sólo servirán para encarecer la electricidad a cambio de suavizar los impuestos que paga el gas natural.

El Grupo Parlamentario Popular presentó a última hora del jueves un paquete de enmiendas en las que propone subir del 6 al 7% el impuesto a la generación (IVPEL), lo que supondrá un pago de 211 millones adicionales entre las eléctricas tradicionales y las renovables.

A cambio, el ministro de Industria, José Manuel Soria, rebajará de la tasa impuesta al gas lo que supone un recorte de cerca de 214 millones, al reducir de 0,65 a 0,15 euros por gigajulio el gravamen para este hidrocarburo, siempre que se utilice con fines industriales.


Sorprendentemente, esta rebaja no será aplicable a la cogeneración o a la producción eléctrica, lo que significa que el ministerio echa un cable a la industria con menor eficiencia energética en un intento de aplacar las críticas de las 17 patronales industriales tras el acuerdo alcanzado por Soria con Alcoa, Asturiana de Zinc y Arcelor.
En estos momentos, el 55% del consumo de gas lo realiza la industria y el otro 45% los consumidores domésticos. Del porcentaje correspondiente al sector empresarial, un 40% pertenece a las empresas que tienen sistemas de cogeneración y el 60% restante son los llamados gases industriales. Con la enmienda del PP, Industria mantiene la carga a las tecnologías más limpias -la cogeneración- y prima el uso de las menos eficientes para que sigan utilizando gas y no pasen a otro tipo de carburantes más contaminantes.
 
Con estos cambios, el Ministerio de Industria aumenta la subida de la electricidad para los consumidores a cambio de rebajar el impuesto al gas. Concretamente, según las primeras cuentas que realizan los expertos, en enero se producirá un aumento de la tarifa eléctrica para el cliente doméstico de entre el 6 y el 8% -dependerá de la subasta Cesur- y para las industrias pasa de una previsión de incremento del 14% a un 17%, todo un golpe a la competitividad de los grandes consumidores de electricidad. Además, el gas industrial, cuando sea utilizado para la cogeneración, tendrá un gravamen cuatro veces superior, con lo que el que el Gobierno pretende recaudar unos 650 millones.
 
Subida innecesaria
 
Las renovables creen además que hay margen para no incrementar al 7% el IPVEL si en la base imponible se contabilizan los servicios de ajuste, los ingresos por compensaciones extrapeninsulares o una mayor generación con energías verdes en 2013.
 
El impuesto a la generación podrá ser trasladado en parte al consumidor final por parte de las eléctricas, pero no por parte de los productores de renovables que en muchos casos van a tarifa fija y además ven como se grava el incentivo que existe para su operación.
 
El PP propone también elevar las cargas fiscales para el carbón y pone un límite de hasta 500 millones de euros a los ingresos obtenidos por las subastas de CO2 que podrán transferirse desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la tarifa eléctrica de cada año para poder frenar el aumento del déficit de tarifa.
 
La recaudación de impuestos por parte del Ministerio de Hacienda se transferirá de los Presupuestos a la tarifa eléctrica conforme a una estimación de la recaudación y a esta transferencia se sumarán las estimaciones de los ingresos de las subastas de CO2.
 
Junto a esto, las enmiendas incluyen una exención de los nuevos impuestos a la actividad nuclear para el almacenamiento de residuos procedentes de actividades médicas y científicas, así como de "incidentes excepcionales en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación nuclear".
 
Las enmiendas también recogen un compromiso de concertación de los nuevos impuestos con el País Vasco y con Navarra con el objeto de garantizar la seguridad jurídica de la norma. Esta concertación se producirá durante 2013.
 
Con esta reforma, el Ministerio de Industria se enfrentará a una dura batalla legal. Los termosolares preparan ya un arbitraje internacional, al igual que hizo el sector fotovoltaico, amparándose en la Carta de la Energía. Del mismo modo, las eléctricas estudian con atención la sentencia del Tribunal Constitucional adelantada por elEconomista sobre la tasa nuclear manchega.
 
La propuesta realizada por el Gobierno ha levantado ampollas también en las eléctricas. El presidente de Endesa, Borja Prado, la calificó de "muy preocupante".
 
Fuente: eleconomista.es
 
El PSOE tacha de “chapuza fiscal” la reforma energética y veta la norma que establece nuevos impuestos
 
El portavoz del PSOE en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado, Jesús Alique, subrayó esta viernes que la nueva ley energética es una “chapuza fiscal” para aumentar la recaudación que va a perjudicar a las familias que pagarán un 20% más de factura eléctrica.
 
Alique, según un comunicado, dijo que la futura ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética provocará que “las empresas españolas tengan que asumir unos costes energéticos altísimos que nos harán perder competitividad con respecto a otros países del resto de Europa”.
 
El senador socialista explicó que el nuevo texto no supone una reforma energética sino un parche fiscal para aumentar la recaudación, una demostración de que el Gobierno no tiene una hoja de ruta en materia de política energética.
 
La norma, que está ahora en la Cámara Alta cumpliendo con su trámite parlamentario, ha recibido del grupo Socialista un veto y 45 enmiendas. Según el PSOE, esta ley ha sido objeto de 6 vetos (PSOE, Entesa (2), Grupo Vasco y Grupo Mixto (2) y 218 enmiendas (PP: 28, PSOE: 45, CiU: 21, Entesa: 59, Grupo Vasco: 27 y Grupo Mixto: 38). Este proyecto de ley, que se tramita por el procedimiento de urgencia, será dictaminado por la Comisión de Industria, Energía y Turismo el martes 4 de diciembre y será elevado al Pleno de la Cámara Alta de la semana del 10 de diciembre, según avanzó el grupo socialista.
 
El parlamentario del PSOE ha señalado que la nueva ley es una “chapuza fiscal” para aumentar la recaudación que va a perjudicar a las familias que pagarán un 20% más de factura eléctrica. Jesús Alíque ha añadido que esta ley provocará que las empresas españolas tengan que asumir unos costes energéticos altísimos que nos harán perder competitividad con respecto a otros países del resto de Europa.
 
En este punto, ha recordado que 17 sectores de la industria española ya han mostrado al Gobierno, a través de una serie de cartas abiertas, su disconformidad con la nueva legislación y lo perjudicial que puede resultar para el sector y para la economía española.
 
El senador socialista por Guadalajara también ha explicado que el nuevo texto no supone una reforma energética sino un parche fiscal para aumentar la recaudación y que demuestra que el Gobierno no tiene una hoja de ruta en materia de política energética.
 
Aspapel dice que las enmiendas del Grupo Popular en el Senado "es un nuevo golpe" al sector papelero

La Asociación española de fabricantes de pasta, papel y cartón (Aspapel) ha reprochado este viernes al Grupo Popular en el Senado las enmiendas presentadas sobre la reforma energética porque "agravan aún más la presión fiscal sobre el sector papelero", al tiempo que "asesta un nuevo golpe a la industria española".

En un comunicado, la asociación ha denunciado que "lejos de suavizarse" el texto aprobado por el Congreso, que suponía para la industria de la celulosa y el papel un encarecimiento de 130 millones, el impacto para el sector se eleva a 135 millones tras su paso por la Cámara Baja.

Ante la crisis del sector papelero, Aspapel señala que las exportaciones son la única vía de escape, como demuestra que el pasado año vendiera fuera de nuestras fronteras el 62% de la producción de celulosa y el 48% de la producción de papel, fundamentalmente a otros países de la Unión Europea.

Actualmente el sector exporta 3 millones de toneladas de papel, prácticamente el doble que hace diez años, y 1,2 millones de toneladas de celulosa, un 50% más de lo que exportaba diez años atrás. 


El PP propone subir del 6% al 7% el impuesto eléctrico para bajar el del gas
Las presiones de la industria contra los tributos del proyecto de ley de medidas fiscales al sector energético que se tramita en el Parlamento, han dado sus frutos, aunque de una manera desequilibrada. Así, el Grupo Popular en el Senado introdujo el jueves por la noche varias enmiendas por las que se propone bajar de 0,65 a 0,15 euros por gigajulios de gas, el llamado céntimo verde (que es, en realidad, un tipo del impuesto de hidrocarburos) al gas para usos industriales.

Sin embargo, esta ventaja no la disfrutará ni el gas para generación eléctrica (ciclos combinados)_ni las cogeneradoras, lo que ha provocado un profundo malestar en algunos sectores, como el papelero. Además, para compensar la rebaja de la recaudación que supone esa medida, los populares proponen aumentar del 6% al 7% el impuesto que gravará a partir del 1 de enero todo tipo de generación eléctrica. Las eléctricas se han opuesto al considerar que se les aplicará una doble imposición al tributar por producir electricidad y por el gas que consumen sus ciclos combinados. El PP también ha propuesto un aumento de las cargas fiscales al carbón y el fuelóleo.

Otra de las enmiendas hace referencia a los costes del sistema eléctrico que deberán asumir las Cuentas Públicas cada año. En la misma, que supone una modificación de las disposiciones del texto legal, se especifica que los Presupuestos deben destinar "un importe equivalente a la estimación de la recaudación anual correspondiente al Estado derivada de los tributos y cánones incluidos en la ley". También un máximo de 500 millones de euros de los que se recaude en las subastas de derechos de emisión de CO2 a partir de 2013 y cuya recaudación correrá a cargo del Estado.

Respecto al futuro tipo reducido al gas para usos industriales, el objetivo es "no desincentivar el uso del gas natural y evitar que estos usuarios opten por otro combustible de menor coste y mayor impacto ambiental". También, según la enmienda para cumplir con la normativa comunitaria que permite diferenciar para un mismo producto una imposición distinta por países, pero respetando los mínimos que establece la UE. "Se trata de una exención necesaria para mantener la competitividad del sector industrial", subraya la enmienda.

Enmiendas socialistas

Respecto al impuesto sobre los residuos radiactivos en instalaciones centralizadas (el futuro ATC), una de las enmiendas aclara que se entiende por centralizada "toda aquella actividad consistente en la inmovilización temporal o definitiva, con independencia del lugar". De esta manera, el gravamen se aplicará a cualquier tipo de residuo radiactivo, sea cual sea el lugar de almacenamiento. Se exceptúan los residuos procedentes de actividades médicas o científicas.

Por su parte, el grupo socialista ha propuesto en varias enmiendas que no se grave con el impuesto eléctrico a las actividades cuyos ingresos se consideran regulados (las renovables); exceptuar del mismo a los sistemas extrapeninsulares y las instalaciones de bombeo; que se elimine cuando se haya resuelto el problema del déficit de tarifa y que a la cogeneración se le grave solo con el 2%.

Acogen: "Esto es el deshaucio de la cogeneración"

Las enmiendas del PP en el Senado han provocado un profundo malestar entre los cogeneradores industriales, que se van a quedar fuera de la rebaja propuesta del impuesto al gas. La asociación del sector, Acogen, criticó duramente el viernes que "el gas industrial, cuando sea utilizado para la cogeneración, tendrá un gravamen cuatro veces superior". Así, añade, el Gobierno quiere "recaudar unos 650 millones". Además, según indicó Acogen en una nota de prensa, "la electricidad para la industria subiría un 17% con la nueva imposición propuesta por el PP".

Los cogeneradores recuerdan que todos los partidos políticos, salvo el PP "han propuesto enmiendas a favor de la cogeneración y su industria asociada, radicalmente contrarias al suicidio industrial al que el Gobierno aboca al país".

Por su parte, el presidente de Endesa, Borja Prado, consideró "francamente preocupante" las enmiendas eel PP, porque supondrán una "nueva penalización" al sector eléctrico. Los últimos retoques van por "un camino no bueno y no oportuno", indicó Prado. "Si es real, es una nueva penalización al sector, que ya ha resultado penalizado en dos ocasiones con diferentes decretos ley a lo largo de este año siendo nosotros, que somos un motor de crecimiento".

Fuente: Cincodías