15 julio 2013

La reforma supone una disminución considerable de los ingresos para Sniace

La reforma del sector eléctrico supondrá un aumento del recibo de la luz y menos inversión

Este viernes el Gobierno después de varios meses de titubeos, aprobó una serie de medidas, que van a suponer un aumento de precios para los consumidores y menor inversión por parte de las empresas del sector.

Ese es su único objetivo “intentar” recaudar más, sin ni siquiera pretender resolver el verdadero problema que tiene este país con respecto a la energía, que es nuestra dependencia del exterior en más del 80% de la materia prima que consumimos, lo que hace sea imprescindible un Pacto de Estado en el que se fije un "Mix Energético" que teniendo en cuenta todas las fuentes de energía, apueste principalmente por las autóctonas.
No es con la penalización hacia los ciudadanos y a las empresas, como se resolverá el problema energético de nuestro País y por lo tanto el déficit tarifario.

Estas medidas aprobadas en el día de hoy (es la 6º en 18 meses) sin duda van a perjudicar al conjunto de la economía, y que conllevarán que las empresas energéticas reduzcan sus inversiones lo que va a continuar produciendo el deterioro de la Red y un coste que posteriormente se trasladará a los ciudadanos, a las empresas en general, a la Industria energética y esta intentará utilizar las modificaciones para cambiar las condiciones laborales y derechos de los trabajadores del sector. 
Las medidas largamente esperadas, han supuesto mucha incertidumbre y confrontación entre los sectores afectados y dentro del propio gobierno, suponen una autentica frustración.

Desde la Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios de UGT, vemos con enorme preocupación la deriva, el desconcierto y la improvisación con la que el Gobierno ha llevado este asunto y que lo ha resuelto como nos temíamos desde el principio, y que ha sido de la peor manera posible, solo pensando en hacer "caja" sin tener en cuenta sus consecuencias hacia las empresas y los ciudadanos. 
La ausencia de dialogo con las partes afectadas y especialmente con los Sindicatos ha puesto de manifiesto la forma de hacer de este Gobierno, a pesar de que cada día incrementa el paro en el sector.

Desde FITAG-UGT estamos convencidos que estas medidas no van a contribuir a solucionar el grave problema energético de este país, sino muy al contrario van empeorar la competitividad de nuestras empresas y van a aumentar sus costes energéticos lo que será un factor muy negativo para nuestra economía, a falta de un análisis más en profundidad sobre los distintos textos aprobados por el Consejo de Ministros, si está claro que algunas cuestiones van a repercutir muy negativamente a corto y medio plazo sobre el consumo y la inversión, los dos componentes básicos de la actividad económica, y por lo tanto será un nuevo revés para la recuperación económica de nuestro país y por lo tanto empeorará la calidad y cantidad del empleo y a va contribuir aún más al empobrecimiento de la mayoría de la población de este país ya duramente castigada por las consecuencias de la crisis económica.

FITAG-UGT reclama del Gobierno la apertura urgente de un dialogo entre todas las partes implicadas (Gobierno, empresas y sindicatos) que permita la consecución de un Pacto de Estado, que de verdad afronte y de respuesta al grave problema que en materia energética tiene este País.

José Segura (PSOE) dice que "no hay reforma eléctrica, sólo se busca podar el déficit de tarifa"
 
El diputado y portavoz del grupo socialista en materia energética en el Congreso de los Diputados, José Segura, afirmó que "no hay reforma del sector eléctrico, ni modernización, ni modificación del ’mix energético’ ni cambio de modelo", solamente preocupación por reducir el déficit.

El representante del PSOE afirmó que Soria "cogió la máquina de podar" en enero de 2012, con la supresión de las primas a las energías renovables, y año y medio después sigue haciendo lo mismo, pero sin reformar nada.

Agregó que además esa "poda" perjudica aún más a Canarias, ante la incertidumbre sobre la financiación de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, que se carga sobre el sistema, entre otros sobre los consumidores, pero no se incluye en el presupuesto del Estado.

"Un jardinero poda para que luego el árbol rebrote", pero Soria "está arrancando las ramas", se quejó José Segura, quien afirmó que la financiación del sobrecoste de la energía fuera de la península tiene "un futuro incierto" al no incluirse en los presupuestos del Estado.

Asimismo, el secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, aseguró que su partido presentará una propuesta de reforma estructural del sector energético tras el "nuevo mecanismo de recaudación" que aprobó el Gobierno y que elevará un 3,2% el recibo de la luz en los próximos días.
Así lo señaló , tras asegurar que el Gobierno no presentó una reforma, sino "simple y llanamente una nueva subida de la luz" y explicó que la reforma supondrá una subida inmediata de más de un 3% que, a su parecer, vendrá seguida de "todo un rosario de subidas" que acabarán soportando las economías familiares.

En este sentido, lamentó que el Gobierno no haya presentado una planificación estratégica a medio y largo plazo para diseñar un nuevo mercado energético y trasladar seguridad al sector con el objetivo de fomentar futuras inversiones, tal y como venía diciendo.

En cambio, dijo Morán, optó por "arrojar la toalla" en la batalla contra el déficit y encomendar a los ciudadanos su solución cuando habría que "desmontar de una vez por todas" la ley del sector de 1997 y resolver la fuente por la que emana el déficit de tarifa.

"Eso es lo que vamos a hacer", dijo, Morán, quien explicó que presentarán una propuesta para reformar el sector abierta al diálogo con todos los agentes, con la "esperanza" de que pueda convertirse en un escenario de consenso y resuelva con carácter definitivo en un el problema de la energía en España.

Las eléctricas, las asociaciones de renovables y de consumidores rechazan de forma unánime la reforma energética del Gobierno

Si algo consiguió el Gobierno con la aprobación de la reforma energética es unir, en su rechazo unánime a la normativa eléctrica, tanto a Unesa, patronal de las grandes eléctricas, a las principales asociaciones de renovables (UNEF, APPA, Fundación Renovables y AEE) y de consumidores (Facua, OCU, Asgeco y UPTA). Las eléctricas avisaron de que se verán obligadas a reducir empleos e inversiones, mientras que las renovables coincidieron en señalar los problemas financieros que acarreará y la "quiebra" de buena parte del sector. Por su parte, las asociaciones de consumidores se lamentaron de que estos serán, una vez más, quienes terminen pagando el déficit tarifario.

Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON y EDP, las eléctricas representadas por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) expresaron su "total desacuerdo" con las medidas planteadas por el Gobierno, que les obligan a una "drástica reducción de empleo y a replantearse sus inversiones en España".

La patronal calculó que sobre las empresas de Unesa recaen 1.000 millones de euros del "esfuerzo adicional" de unos 2.700 millones de euros que las medidas anunciadas suponen para el sector eléctrico en su conjunto, es decir, casi el 65% del total.

La patronal de las grandes eléctricas señaló que el mayor esfuerzo vuelve a recaer en el sector eléctrico tradicional, que asume un recorte total de 4.500 millones de euros en 2013. Las medidas, subrayaron, "vuelven a perjudicar de manera injusta y desproporcionada a las empresas de Unesa".

La patronal también criticó la "insuficiente" aportación de los Presupuestos Generales del Estado a la resolución del déficit de tarifa, frente al "sacrificio que se exige a las eléctricas", puesto que "ni siquiera se hace cargo de las partidas que estaría obligada a afrontar por ley", por lo que rechazaron las medidas y el reparto de esfuerzos asignado.

El conjunto de medidas para gestionar el déficit de tarifa aprobado hasta ahora por los diferentes gobiernos, añadió Unesa, supone un recorte de ingresos para el sector eléctrico en el entorno de los 5.700 millones de euros en el presente ejercicio. De esta suma, 3.600 millones de euros corresponden a sus actividades tradicionales: generación en régimen ordinario, generación en sistemas insulares y extrapeninsulares, transporte y distribución.

La patronal criticó que ningún gobierno estuvo dispuesto a admitir que la parte más importante de los sobrecostes del sector, que están asumiendo las compañías de Unesa, "procede de decisiones de políticas energéticas y sociales totalmente ajenas al coste del suministro eléctrico".

"El coste de estas decisiones políticas supone prácticamente la totalidad del déficit de tarifa", añadió.
Las medidas, concluyeron, agravan aún más la situación económico-financiera de estas eléctricas, al seguir mermando las retribuciones de todas sus actividades y al obligarlas a seguir financiando déficits relevantes durante 2013.

En este sentido, entre las medidas adoptadas, se ve afectada de manera "severa" la actividad de distribución. Por tanto, "el modelo que se plantea es inasumible".

La patronal entendió que, por un lado se mantiene la obligación de garantizar el suministro mediante nuevas inversiones pero, por otro lado, las mismas se retribuyen con una tasa del 6,5% antes de impuestos, un porcentaje que es "insuficiente" para cubrir los costes de capital invertido y que pone en riesgo la capacidad de financiación de los negocios de distribución.

Junto a esto señalaron que la reducción de los pagos por capacidad de las centrales de ciclo combinado "hace posiblemente inviable su continuidad".

Los eólicos auguran una cascada de problemas financieros

También la Asociación Empresarial Eólica (AEE) auguró que la reforma energética aprobada por el Gobierno supondrá una "cascada de problemas financieros para el sector y, eventualmente para la banca", dado que "altera radicalmente" los flujos de ingresos de los parques eólicos de España.
La patronal consideró que el Ejecutivo trató al sector de forma "tremendamente injusta" con una medida que, además, considera que "vulnera los principios de seguridad jurídica al ser claramente retroactiva, porque cambia las condiciones de las inversiones realizadas por el sector durante más de veinte años".

"Con esta reforma, el Gobierno incrementa aún más la incertidumbre que afecta al sector, con el que no ha dialogado", según denunció la AEE, en el que insistió en que se trata de una reforma innecesaria "porque el sector eólico no es la causa del déficit de tarifa" y ya realizó un esfuerzo notable para "optimizar" sus recursos "después de recibir un recorte de 600 millones de euros sobre un presupuesto de 3.000 millones de euros".

En este sentido, el director técnico de la AEE, Alberto Ceña, anticipó que "algunos parques eólicos tendrán que cerrar" debido a los recortes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a los que considera "excesivos".

Ceña expresó su preocupación con el futuro de la energía eólica y aseguró que "no se están respetando las reglas del juego en el mercado energético".

Las Asociación Española de Cogeneración (Acogen), confió en que la reforma dé certidumbre a las actividades reguladas y aporte competitividad a la economía, aunque consideró que debería intensificarse el análisis y vigilancia sobre la formación de los precios en los mercados y actuar en consecuencia.

El recibo medio de luz subirá casi 2,5 euros al mes, hasta 78,14 euros, según Facua

Según cálculos de Facua-Consumidores en Acción, el recibo medio de la electricidad subirá 2,42 euros al mes para los hogares tras el encarecimiento del 3,2% anunciado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, con lo que alcanzará los 78,14 euros.

La subida anunciada por Soria se produce después de que en julio la Tarifa de Último Recurso (TUR) registrase una subida del 1,2%, o de 96 céntimos de media. Tras la medida, la TUR habrá subido un 8% desde enero de 2012.

También se quejó de que el Gobierno "no ha querido entrar en el debate de cómo se están remunerando tecnologías como la nuclear o la hidráulica", que "presumen de lo poco que cuestan y aun así reciben la misma remuneración que otras energías más costosas" y señaló que serán los consumidores y las eléctricas, "que trasladarán su parte al consumidor, quienes paguen el déficit de 4.000 millones de euros del sector. "No se sabe cuánto pagará el Gobierno, pero seguramente muy poco", sentenció.

Además, esta organización de consumidores recordó que en los últimos seis años la luz subió un 56%.

Asgeco también se mostró preocupada por cómo se materializará la regulación del autoconsumo, a la que considera un "paso imprescindible en la puesta en marcha de un sistema distribuido y eficiente que resalte el nuevo papel de los ciudadanos como productores y consumidores responsables de energía".
"A largo plazo creemos que la única solución, habida cuenta de la dependencia de España de los combustibles fósiles, sería invertir en energías renovables a gran escala, lo que permitiría no sólo rebajar a largo plazo las tarifas, sino también contribuir a la mejora del medio ambiente y a la creación de puestos de trabajo", afirmó.