13 febrero 2014

Movilización ante la delegación de Gobierno por el Fogasa

En un principio a Sniace le correspondería Madrid, que acumula un mayor retraso

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, exigieron hoy al Gobierno la resolución inmediata de 180.000 expedientes pendientes y paralizados del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), de los que según precisaron, “más de un millar” son de la región.

En una concentración de protesta de más de un centenar de personas ante la Delegación del Gobierno en Cantabria, en la que también participaron trabajadores de Sniace, la responsable regional de UGT afirmó que “los trabajadores y trabajadoras afectados tienen el derecho a comer todos los días y no tienen culpa alguna de que el Gobierno no cumpla con sus obligaciones”.

“Existe una norma que establece un plazo de tres meses para resolver los expedientes del FOGASA, cuando en Cantabria se está tardando una media de siete meses y medio y en España se llega incluso a los dos años, lo cual no deja de ser inaceptable porque los trabajadores tienen derecho a cobrar sus indemnizaciones y salarios pendientes”, agregó Cedrún.

La secretaria general de UGT en Cantabria matizó que la movilización de hoy, convocada por ambos sindicatos en toda la geografía nacional, “no es contra el personal del FOGASA, que bastante hace e incluso está trabajando por encima de sus posibilidades porque el Gobierno no cumple con la tasa de reposición de efectivos por bajas en este organismo”.
Según la sindicalista, “los trabajadores del FOGASA en Cantabria resolvieron el año pasado más de 4.000 expedientes por los algo más de 3.000 resueltos en 2012, lo que reafirma que no es un problema de estos profesionales sino de que a la plantilla le faltan efectivos por mero capricho del Gobierno”.

Efecto de la privatización del FOGASA 

En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, Carlos Sánchez, que añadió que “esta situación de bloqueo es el resultado directo de una privatización de parte del organismo público del FOGASA que ha demostrado ser un absoluto fracaso”.

“Exigimos al Gobierno que cumpla con sus obligaciones y acelere el pago de las indemnizaciones del FOGASA a tanta gente que está sufriendo las consecuencias de la crisis y el desempleo”, agregó Carlos Sánchez, tras reiterar su crítica de que “el servicio público del FOGASA está colapsado y quienes lo pagan son los trabajadores incluidos en sus expedientes sin resolver”.

Sánchez apeló a “las movilizaciones y a las protestas” contra el bloqueo del FOGASA porque “no queda otra”, ya que, según recalcó, “los trabajadores afectados no tienen otra vía de reclamación porque si lo hicieran por la vía judicial la demora en el pago de sus indemnizaciones sería aún mayor”.