En el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Torrelavega, en el que la mayoría de grupos representados, apostaron por la continuidad de Sniace, el representante de ACPT manifestó que “adherirse al convenio de Sniace discrimina a los vecinos de la ciudad “, por lo que su opción en la votación era la abstención. De estas palabras puede deducirse que no está a favor de la continuidad de Sniace. Salvo que su desinformación sea mayúscula y no sea consciente de que su posición, de generalizarse, llevaría a la liquidación de la empresa. La no superación de un Concurso de Acreedores cualquiera, no solo el de Sniace, tiene como consecuencia la liquidación de la empresa.
No es nuestra intención entrar en polémicas con el señor Martínez, y respetamos su derecho a votar lo que considere oportuno. Sí queremos puntualizarle que no vale cualquier argumento y menos presentar un “Tótum revolútum”, donde todo vale. De esta forma, lo que puede ocurrir, aunque queremos suponer que no era su intención, es que se confunda a la opinión pública, volcándola en contra de los trabajadores de Sniace. El argumento de que esta empresa siempre pide un trato diferencial, subyace en el fondo de su planteamiento.
Según el representante de ACPT: “La fórmula elegida supone, en la práctica, renunciar a cobrar parte de lo que nos pertenece a los ciudadanos de Torrelavega, prevaleciendo el principio de socialización de deudas y pérdidas mientras que los beneficios, cuando estos se producen, son de carácter privado. ACPT no entiende, por qué hay que convertir parte de la deuda en incertidumbre, incertidumbre para los vecinos de Torrelavega, pues no se sabe si el dinero se acabará recuperando o lo perderemos para siempre”. “Cuando un vecino o un autónomo tienen algún tipo de deuda contraída con la Administración, se les aplica todo el peso de la Ley llegándose a embargar nóminas o propiedades para el cobro de estas deudas".
Con estos argumentos, lo normal es que cualquier torrelaveguense esté alarmado y se pregunte qué pretenden los trabajadores de Sniace. Pero es que existe una la Ley Concursal, que marca el camino a seguir y que no nos podemos saltar ni en beneficio ni en perjuicio de los intereses de Sniace.
A modo de información aportaremos unos datos: “Aproximadamente 10.000 empresas solicitaron concurso de acreedores durante el 2013 en España, de las que el 94% acabaron en cierre. Durante el 2014 se redujo la cifra, pero aun así fueron unas 7.000. En Cantabria se presentaron unos 100 concursos en 2013 y más de 60 en 2014”. Estos datos alarmaron a la Comunidad Europea y al FMI, porque la media Europea de cierres cuando se dan estas circunstancias, es de un 70/75%. Muy inferior a la española. Esto dio lugar a que el gobierno presentara dos modificaciones a la ley Concursal, durante el año 2014, por “la problemática que generaban los privilegios de los créditos públicos, significativamente más inflexibles en España, la falta de medios de la Justicia Mercantil, y la cultura concursa, tendente a la liquidación y no a la reestructuración de deudas”.
En definitiva si la ley Concursal beneficiaba a alguien, es precisamente a la Administración Publica (porque casi todos sus créditos son privilegiados), no a los pequeños empresarios a quienes sí les afecta la quita que figura en la Ley. No creemos que exista discusión sobre que con la liquidación de Sniace, sería más difícil cobrar la deuda. Y salvo que estemos equivocados, un servidor público debería ser el primer interesado en que esto no ocurra, como mejor defensa de los intereses de los ciudadanos.
Políticamente pueden utilizarse los argumentos que más convengan, o hacer las comparaciones que interesen para justificar una actitud. Compañero Iván, pese a las diferencias que nos separan, respetamos tu trabajo, pero no confundamos los términos, como dijo la insigne Sra. Botella: “Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas, pero si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos”.
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